Las batallas

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha fallado en su propio desafío de combatir frontalmente, sin tregua, al crimen organizado; exige a México cada vez más pero su gobierno ha permitido un creciente tráfico de armas y dinero desde su territorio hacia el sur que termina fortaleciendo a los mismos cárteles que Washington pretende destruir.

Sí, hay una frontera de la guerra contra los cárteles que Trump observa con enorme atención: la mexicana, pero tendría que mirar su propia frontera y, de una vez por todas, hacer un esfuerzo proporcional al que demanda a México para impedir que las armas adquiridas en su país y el dinero generado por el mercado de las drogas lleguen a territorio mexicano.

Digo, no hay que ser ingenuos: los cárteles no se sostienen solamente con toneladas de cocaína, metanfetaminas y fentanilo. Necesitan armas para defender territorios y enfrentar a organizaciones rivales y a las fuerzas del Estado; necesitan dinero para pagar sicarios y vehículos, corromper autoridades y mantener estructuras en ambos lados de la frontera.

¿Y de dónde vine ese dinero?, una parte importante de esos dos insumos llega desde Estados Unidos. No es una acusación del gobierno mexicano o un reclamo estridente producto de las pasiones de la disputa ideológica entre ambos gobiernos; los datos están en informes del propio gobierno estadounidense.

El reporte Firearms Trace Data: Mexico 2020-2025, elaborado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), establece que durante 2025 fueron recuperadas en México y enviadas a Estados Unidos para su rastreo 32 mil 144 armas.
De ellas -de acuerdo con la ATF- 22 mil 817 (71%) fueron determinadas como de origen estadounidense: 16 mil 406 habían sido fabricadas en Estados Unidos y otras 6 mil 411 que habían sido producidas en otros países pero que habían sido importadas legalmente al mercado de la Unión Americana antes de llegar a México.

Hay que hacer una precisión: la propia ATF advierte que las armas sometidas a rastreo no representan necesariamente a todo el armamento utilizado por los criminales en México.

Pero entre las que sí fueron rastreadas la tendencia es contundente. En 2022, las armas determinadas como de origen estadounidense representaron 65%; en 2023, 67.5%; en 2024 llegaron a 70% y en 2025 alcanzaron 71%. Imaginemos 16 mil armas de fuego, juntas, en un mismo lugar, uffff, de ese tamaño debería ser el escándalo por la falta de acciones del gobierno de Washington en este tema.

El poder de fuego de los cárteles mexicanos no apareció por generación espontánea. Tiene fabricantes, vendedores, compradores, intermediarios, rutas y dinero para financiarlo. Y buena parte de esa cadena pasa o tiene su origen en Estados Unidos. Y detrás de las armas corre otro torrente indispensable para el funcionando la maquinaria criminal: el dinero.

Una investigación de la DEA y del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, IRS-CI, difundida este septiembre, documentó un caso en el que presuntamente se realizaron más de 100 mil transferencias por más de 140 millones de dólares hacia México entre 2022 y 2026.

Según las autoridades estadounidenses, prácticamente todo ese dinero terminó en estados mexicanos vinculados con operaciones del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana. Las drogas suben al norte y las armas y los dólares bajan al sur.

Claro, México no puede utilizar esa realidad como pretexto. Tiene una responsabilidad enorme e indeclinable frente a organizaciones que operan en su territorio, asesinan, secuestran, extorsionan, corrompen autoridades y disputan regiones enteras. Y el gobierno mexicano está obligado a combatirlas con toda la capacidad del Estado, como lo hace.

De acuerdo con el balance oficial presentado este mes, entre octubre de 2024 y agosto de 2026 fueron detenidas más de 67 mil personas por delitos de alto impacto, aseguradas más de 34 mil armas de fuego e inhabilitados más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

México también ha profundizado el intercambio de información y la coordinación con Washington. Ambos gobiernos instalaron el Grupo de Implementación de Seguridad, dentro del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, para combatir narcotráfico, tráfico de armas y flujos financieros ilícitos.

Estados Unidos también actúa. La administración estadounidense puso en marcha Mission Firewall: United Against Firearms Trafficking Initiative, mientras sus agencias mantienen investigaciones contra traficantes de armas, operadores financieros y estructuras vinculadas con los cárteles. Pero los propios números de Washington no son suficientes.

Ahí está la contradicción: Estados Unidos exige a México cerrar las rutas del fentanilo, destruir laboratorios, detener capos, interceptar cargamentos y desmantelar organizaciones criminales. Es una exigencia legítima frente a una amenaza que rebasa las fronteras. Pero la corresponsabilidad no puede terminar cuando la mercancía cambia de dirección.

Nadie, ningún cártel por poderoso que sea puede sostener una guerra sin armas, sin dinero y sin un mercado dispuesto a comprar sus drogas. México tiene una enorme batalla pendiente contra el crimen organizado, Washington también tiene la suya… y no le va muy bien.

RADAR

EL MINISTRO. Durante un conversatorio con jueces y magistrados de los tribunales Colegiados en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el Ministro Giovanni Figueroa Mejía presentó el libro “Ampliación y Reconocimiento de (nuevos) Derechos por los Tribunales Constitucionales”, donde dijo que la ampliación de derechos no es lo mismo que reconocimiento de derechos.

Respecto a la cercanía social y transparencia, el Ministro Figueroa señaló que su vida diaria pasa de las aulas a la Corte. Ha establecido canales claros de comunicación con la ciudadanía, sobre todo con los jóvenes, para asegurar que los procesos sean accesibles para la población.

Para ello puso en marcha el programa “La Corte en tu Aula”, iniciativa por la que los jóvenes universitarios participan en encuentros de diálogo sobre sentencias y asuntos relevantes que han llegado al máximo tribunal del país. El objetivo, dijo, es acercar a los estudiantes al análisis de casos concretos y permitirles conocer, desde una perspectiva académica, la manera en que se estudian y discuten asuntos de relevancia constitucional.

Explicó que su agenda académica le ha dado la oportunidad de compartir con las nuevas generaciones, no solo conocimientos jurídicos, sino su propia experiencia.

En estos tiempos en los que la formación jurídica requiere más que un conocimiento superficial, el Ministro Giovanni Figueroa Mejía discierne que la interpretación y defensa de la Constitución impacta en la vida de miles de personas, de ahí la responsabilidad de los ministros.

El ministro destacó que la eficiencia se ha visto favorecida por una cultura de diálogo constante entre las y los ministros, lo que ha permitido evitar debates procedimentales innecesarios y enfocarse en las cuestiones de fondo. Asimismo, se han implementado sesiones para analizar asuntos similares de manera conjunta, facilitando así la reiteración de votaciones y la agilización de los procesos judiciales.

Para el análisis.