Indicador político

T-MEX: asunto de seguridad nacional de EU y CSG lo supo

Las quejas del Gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado por la ofensiva de desestabilización de Estados Unidos contra México en 1985-1986 destacaban el hecho de las reformas a la estructura estatista respondían a las exigencias de Washington y aun así la Casa Blanca seguía atacando.

Pero en Washington tenían otros datos: México se había negado a entrar al GATT y el nacionalismo revolucionario --decreciente, pero todavía latente en las estructuras del sistema/régimen/Estado/Constitución/modelo de desarrollo-- le dificultaban a la Casa Blanca el comercio y sobre todo las relaciones geopolíticas por el viejo sentimiento anti Estados Unidos en foros internacionales y en la región latinoamericana donde Cuba, Nicaragua, Guatemala y El Salvador impedían la gestión de la geopolítica americana.

En medio de los desencuentros, se dieron tres hechos que abrieron el camino al Tratado de Comercio Libre:

1.- El ingreso de México al GATT en 1985-1986, en plena ofensiva por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

2- La reunión de la Comisión binacional Sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos, de conformación oficial, logró que México cambiara sus libros de texto oficiales para terminar con el sentimiento antigringo de la guerra de 1846-1848 y la pérdida --aunque fue robo-- de la mitad del territorio mexicano.

3.- Las reformas estructurales 1982-1994 dieron los pasos decisivos al acotamiento y posterior liquidación de las justificaciones constitucionales para que el Estado mexicano funcionará como el eje del modelo económico-modelo de desarrollo.

Estados Unidos venía confrontando la política exterior populista y el estatismo de los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. La relación se complicó más cuando López Portillo anunció enormes yacimientos de petróleo crudo, aumentó las exportaciones mexicanas y la política exterior petrolera se definió por una alianza estratégica con la OPEP como el cártel de los productores defendiendo los precios la exportación del crudo, el discurso tercermundista, la participación sin asociarse en el Movimiento de los Países No Alineados y la propuesta mexicana de un Plan Mundial de Energía contra el dominio de EU.

El gobierno del presidente Salinas de Gortari completó el círculo neoliberal y fue más al fondo con las reformas constitucionales de privatización de la economía pública y del retiro del Estado de la actividad productiva. Salinas negoció el Tratado de Comercio Libre nada menos que con George Bush Sr., un burócrata que había sido en 1976 nada menos que director general de la CIA, el año justamente de los operativos de inteligencia de ese organismo contra México para desestabilizar al Gobierno de Echeverría y condicionar el ascenso de López Portillo. Además, y no era un tema menor, Bush Sr. había sido contratista de Petróleos Mexicanos.

El embajador de Estados Unidos en México en 1990 era nada menos que John Dimitri Negroponte, un diplomático que se había especializado en estrategias de desestabilización/estabilización nada menos que con Henry Kissinger en Vietnam y en 2005 el presidente Bush Jr. le encargó construir la Dirección de Inteligencia Nacional para coordinar a las 18 oficinas de espionaje en toda la estructura de EU.

En mayo de 1991, en el punto decisivo de la negociación del Tratado comercial México-EU, el embajador Negroponte escribió un memorándum al Departamento de Estado para apresurar la aprobación del acuerdo porque su alcance iba más allá del tema arancelario e involucraba tres temas vitales para la seguridad nacional estadounidense: reforzar con el Tratado las reformas neoliberales de Salinas de Gortari, derrotar de manera definitiva el pensamiento progresista del nacionalismo revolucionario del PRI que sería enterrado por el propio Salinas en marzo de 1992 con la decisión de borrar de los documentos del PRI el concepto de Revolución Mexicana e incorporar el de liberalismo social y obligar a México como proveedor en desigualdad de la economía americana.

Y, en efecto, así fue: México desmanteló el Estado intervencionista que regulaba las relaciones productivas y el mercado se convirtió en el eje dinamizador de las exportaciones privadas. La política exterior progresista de México se dio por liquidada. Y la élite salinista convirtió la subordinación a EU en el nuevo modelo comercial, económico e ideológico mexicano.

Este Tratado --que no ha sido modificado en los efectos de subordinación a la Casa Blanca-- sigue vigente en los dos gobiernos de la 4T y se extendería hasta 2036, con o sin Morena en la presidencia.

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