Indicador político

Narcopolítica: ya van cuatro gobernadores…, hasta ahora

Como en política no hay coincidencias, la información de Los Angeles Times sobre la presunta investigación en contra de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas se debe colocar en el cajón del caso Rocha Moya. Es cierto que se trató de una nota con varios días previos de indagación, pero el timing político es el que vale: justo después del agresivo discurso presidencial nacionalista en el Monumento a la Revolución.

No se necesitó un exabrupto digital del presidente Trump a un discurso de plaza pública, ni tampoco de una contrarréplica del embajador Ron Johnson al regaño presidencial en la mañanera del lunes. E independientemente de la presentación y validez de las pruebas que se encontrarían detrás de la información del diario, la bala de plata pegó en la diana del corazón de Morena: el gobernador Alfonso Durazo Montaño es nada menos que presidente del Consejo Nacional del partido en el poder, un cargo de peso, diríase que hasta superior al de la nueva presidenta Ariadna Montiel Reyes.

El discurso de Trump de acusación a México como narcoestado lleva ya en su cuenta la denuncia-revelación-acusación de —hasta ahora— cuatro gobernadores de Morena: la bajacaliforniana Marina del Pilar Ávila, a la que le quitaron la visa; el sinaloense Rubén Rocha Moya, con solicitud de arresto con fines de extradición; y ahora el sonorense Durazo Montaño y el tamaulipeco Américo Villarreal. Y a ellos se suman dos altos cargos de seguridad de Sinaloa, uno de ellos con grado de general de división y un secretario de finanzas.

Los niveles políticos de cuatro gobernadores, un militar retirado y un operador financiero son apenas la punta del iceberg de la estrategia del presidente Trump para, desde el enfoque de su estrategia de seguridad nacional, revelar e intentar destruir la estructura gubernamental de apenas una fracción del narcotráfico en México: la facción de los chapitos del Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, la organización delictiva y criminal más importante y letal de las organizaciones que producen droga en México para contrabandearla a Estados Unidos.

La revelación de Los Angeles Times —uno de los periódicos de mayor credibilidad en Estados Unidos— se encuentra en la lógica de la estrategia política estadounidense anunciada a principios de este año por el presidente Trump. Los cuatro gobernadores incluidos en investigaciones oficiales y uno de ellos con solicitud formal de arresto con fines de extradición son apenas una parte de la estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca y de una lista de más funcionarios.

A pesar de ser un político atropellado y a veces hasta imprudente, Trump ha dejado clara una línea de acción astuta que tiene detrás la acumulación de evidencias recogidas en México y, sobre todo, entregadas por la larga lista de narcos mexicanos que han negociado reducciones en sus castigos a cambio de información no inventada y con datos de verificación.

La respuesta mexicana ha sido de negación, es decir, políticamente reactiva, pero la ofensiva estadounidense ha seguido todo el camino legal para convertirse en denuncia formal, aun cuando quizá algunos de los datos no puedan ser del todo verificables. Pero cada expediente ha tenido que atesorar evidencias, testimonios y datos que han atravesado instancias judiciales, incluyendo varias reuniones de un Gran Jurado para probar —como lo reconoció la jueza Polk del caso Rocha Moya— la solicitud de arresto con fines de extradición del gobernador Rocha Moya y nueve coacusados, de los cuales dos ya se entregaron en Estados Unidos, lo que constituye un acto de confirmación de las acusaciones y de entrega de información adicional a la obtenida por fuentes delictivas.

El caso de Rocha Moya ya no es una versión periodística, ni un rumor callejero, tampoco un dato de venganza política local y menos un expediente vacío. Las fuentes directas de la acusación contra Rocha Moya —que no aparece del todo en el expediente de extradición— fueron Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo y jefe de la producción de fentanilo del cártel, y nada menos que Ismael El Mayo Zambada, quien se quedó al frente del cártel cuando El Chapo fue arrestado y extraditado a EU. El Mayo considera que su secuestro y entrega a fiscales fue una trampa y venganza del gobernador Rocha Moya, y no ha escatimado en la revelación de evidencias ante la Fiscalía de Nueva York para probar que el mandatario está hundido en el narcotráfico hasta el copete.

El discurso de la presidenta Sheinbaum el domingo en el Monumento a la Revolución pareció haber quemado todas sus municiones de respuesta porque se centró sólo en el caso de Rocha Moya, pero están apareciendo más evidencias de Baja California y por ahí ha sido la ruta de escape de funcionarios mexicanos que se han entregado a la justicia de EU y, desde luego, el expediente del gobernador sonorense que dirige el Consejo Nacional del partido en el poder. La sola revelación en Los Angeles Times debe ser considerada una metafórica bala al corazón del lopezobradorismo.

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Política para dummies: la política, como la venganza, es un plato que se come frío.

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