Indicador político

Con EU, narco; no invasión; Tratados son Ley Suprema

El párrafo clave del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el domingo 31 de mayo para celebrar dos años de la victoria electoral, pero convertido en foro para redefinir los principios de la política exterior de México, estuvo presentado como preguntas entre signos de interrogación, pero cuya respuesta desmoronaría la invocación del nacionalismo mexicano en tiempos de narcocrisis:

“Y entonces debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima: ¿Es realmente interés legítimo, genuino por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas”.

Ante la presión estadounidense para obligar a México a combatir de manera real a las estructuras del narcotráfico que, a la vista de todos, se han convertido en parte de las instituciones municipales, estatales y federales, hay que reconocer —aunque muchos no quieran— que el presidente Trump ni siquiera ha bromeado con convertir a México en el estado 51 de EU o de crear una Confederación Americana de Groenlandia a Panamá.

El punto que ha generado la movilización del aparato de masas de Morena se localiza en la solicitud de arresto con fines de extradición del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y nueve coacusados de aliarse políticamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, invocando un Tratado de Extradición que tiene en México la condición de ley suprema de cumplimiento obligatorio.

Este dato centraliza el conflicto de México con Estados Unidos por el narcotráfico: el Cártel de Sinaloa sigue produciendo droga y fentanilo para exportarla de manera ilegal a Estados Unidos, y la solicitud de extradición presentó evidencias de que la política de seguridad de México se basó en el modelo lopezobradorista de “abrazos, no balazos”, además de documentar los datos muy concretos de que líderes del narco se involucraron en elecciones estatales en Sinaloa.

Es decir, que no fue EU el que metió el narco en elecciones aquí, sino México el que permitió que ocurriera en Sinaloa y otras partes de la República.

La tesis de la presidenta Sheinbaum —válida en términos argumentativos— no radica en el injerencismo de Estados Unidos, sino que todo se resume en la decisión estadounidense de aumentar —eso sí— presiones legales y operativas para obligar a México a destruir cuando menos siete cárteles del narcotráfico que el Departamento de Estado ya caracterizó en términos legales como narcoterroristas.

Lo que deja claro el tono de la respuesta mexicana en un mitin de masas no es la invasión física de Estados Unidos al modo de 1847 para quedarse con algunos de los estados mexicanos más ricos que hacen frontera con Estados Unidos, sino el objetivo concreto de desmantelar y “desaparecer de la faz de la tierra” a los cárteles del narcotráfico mexicano que siguen operando con impunidad.

En lo que sí acierta la preocupación de la presidenta Sheinbaum es en el efecto político que las exigencias de seguridad estadounidenses han provocado en otras naciones: el relevo en procesos electorales —y ya no, como antes, con golpes de Estado— en Guatemala, Ecuador, Chile, Honduras, El Salvador, Venezuela y ahora mismo en Colombia. Pero se trata de incidencias políticas que cumplen con las reglas electorales de cada uno de esos países. Y en México se juega Morena su permanencia mayoritaria en el Congreso en 2027 y la Presidencia en 2030.

La presidenta Sheinbaum supo qué botones oprimir para tratar de despertar el sentimiento antiestadounidense en una nación que lamentablemente —como dijo Fidel Castro en diciembre de 1994— conoce más a Mickey Mouse que al cura Miguel Hidalgo. Y ahí está como ejemplo que debiera avergonzar a Morena y a la nación: 45 mil sinaloenses hicieron el domingo su mitin local y con ello reforzaron el apoyo institucional a su gobernador Rocha Moya y cómplices que hundieron a Sinaloa en el narcogobierno y la narcoviolencia que están enfrentando a México con EU.

La lectura del párrafo 189 del discurso debe hacerse con malicia política: no afirma que no haya narcopolítica en Sinaloa y en México, sino que pregunta si es “interés legítimo” la solicitud de extradición basada en un tratado que —hay que subrayarlo— en México es ley suprema con valor constitucional.

Lo que se debate no es el injerencismo de EU, sino la narcopolítica en la estructura gubernamental que controla Morena.

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Política para dummies: la política se basa en principios que deben ser certezas, no en insinuaciones que tratan de esconder la realidad.

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