Indicador político

El medio es el mensaje, pero el contenido critica al poder

Aquí nos hemos referido al concepto casi en modo de categoría de una “política de no comunicación social del Gobierno y del Estado” como la circunstancia en que el poder público oculta intencionadamente informaciones que deberían ser de conocimiento social y político, como una forma de regresar el ejercicio de la función pública a los viejos espacios de la opacidad que, desde 1971, había abierto el medio periodístico a base de denuncias críticas.

Palacio Nacional está regresando al modelo priista de desviación de la atención pública ante denuncias que se publican en prensa escrita y algunos espacios digitales, las cuales exigían respuestas para completar el círculo de la comunicación del Estado para la retroalimentación, y ha comenzado a usar también el manido ejemplo del régimen priista autoritario: desprestigiar a los denunciantes, que es una variante peligrosa del modelo de “maten al mensajero”, porque sin intermediario no hay denuncia.

La ineficacia de este esquema de anticomunicación en modo de contrainformación, en el caso concreto del columnista Raymundo Riva Palacio, ha quedado demostrada: ante la argumentación oficial que quiere demeritar la calidad de los datos del periodista, la respuesta pública de la titular del Estado y del Gobierno federal ha sido, a veces, la burla y el desdén, pero no la presentación de pruebas contundentes que desmientan lo aseverado. Y con ello otorgan la razón al columnista.

Pero el problema ha escalado al punto de estar ya en el territorio de la guerra sucia previa a la represión o la manipulación de informaciones, que tampoco buscan contestar el contenido de las críticas, sino, de nueva cuenta, desvirtuar el continente. La argumentación puede ser considerada hasta vulgar: si el denunciante carece de credibilidad, entonces su denuncia no tiene seriedad. Lo malo es que la dinámica de la comunicación —también estudiada por Buendía como analista periodístico de hechos políticos, como editor en publicaciones y como profesor de periodismo en la UNAM— tiene sus propios contrapesos: si la respuesta es desacreditar al autor de la denuncia, entonces querrá decir que la denuncia no solo es sólida y válida, sino apenas la punta del iceberg del problema revelado.

La dinámica de la comunicación no ha sido entendida en Palacio Nacional —ni con Andrés Manuel López Obrador ni ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum—: al dar a conocer una noticia positiva con sólida fuente de información y registrar que el Índice de Paz había considerado ya un aumento en la seguridad en México, la presidenta desmoronó el sentido plausible de la nota y, con ironía casi en modo de burla, acotó: “a ver qué dice Loret”.

Y Carlos Loret de Mola, ni tardo ni perezoso, produjo un sólido comentario en redes de unos minutos, refiriendo que le contestaba la provocación de la presidenta de la República y contrastaba la cifra del Índice de Paz con una larga cadena de evidencias sobre la alta criminalidad, las desapariciones y la negativa percepción social sobre las autoridades. Y, en la balanza de resultados, pesó más la respuesta contundente con datos de Loret de Mola que la ironía, hasta desdeñosa, de la jefa del Estado. Y el dato del Índice de Paz fue a la basura.

López Obrador —político de masas, al fin, y con una comunicación directa con el pueblo a través de mítines o de conferencias mañaneras— desmanteló la estructura de comunicación social del Estado y del Gobierno con argumentos quizá válidos de que no habían servido para buena cosa. Pero, con esa decisión, rompió el flujo de comunicación política no solo con sus fieles, sino con importantes sectores de la sociedad que requerían más que algún golpe declarativo del presidente.

Los presidencialismos absolutistas se incomodan con las instancias sociales de intermediación de la información política. Con un poco de ironía, se puede decir que Donald Trump se “lopezobradorizó” al convertir su canal directo de comunicación en el carril de las redes digitales, en X y su red social, aunque tiene a su favor el papel de las secretarias de prensa de la Casa Blanca para remachar los mensajes presidenciales, confrontando y conteniendo a los periodistas inquisidores.

La lista de periodistas que forman parte de la lista negra de Palacio Nacional está integrada por profesionales de la comunicación con sólida credibilidad y trayectoria, y a cada uno le corresponderá darle mayor o menor credibilidad. Pero el solo hecho de que Palacio Nacional los vapulee ante la menor provocación produce un efecto social contrario: un ataque presidencial es casi un premio de periodismo social.

La caracterización de comentócratas se usa con sentido crítico, pero las raíces griegas señalan que ese oficio es el del “gobierno de los comentaristas” (kratos es gobierno), y el rango que se les otorga es mucho mayor, inclusive, al de la oposición.

Y, al final de cuentas, el modelo lopezobradorista de comunicación en las mañaneras ha sido responsable de la solidificación de la comentocracia.

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Política para dummies: la política quita, pero también la política da… y mucho más de lo que se esperaba.

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