Indicador político

Segundo cerco de EU a México; ahora por narcopolíticos

Como acción concertada, el Gobierno de Estados Unidos en los últimos diez días ha establecido un cerco de acoso a México por parte de las principales agencias de inteligencia, seguridad nacional y geopolítica en el contexto de la solicitud de arresto con fines de extradición del hoy exgobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y nueve coacusados por actividades de narcopolítica.

Lo significativo de este cerco fue el hecho de que estuvo aderezado el martes 12 por la tarde con dos informaciones que revelaban que la Agencia Central de Inteligencia –CIA, por sus siglas en inglés-- estaba operando en México, aunque el gobierno mexicano desmintió que hubiesen participado en operativos.

En los últimos días, la acción concertada de oficinas gubernamentales americanas dejó al gobierno mexicano con poco margen de maniobra: el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Rubio, el secretario de Guerra Hegseth, la información sobre operativos de la CIA o su participación con entrega de inteligencia, las amenazas directas de la DEA de que el caso de Rocha Moya fue el primero de otros que no tardarán en llegar con acusaciones de narcopolítica y las puertas cerradas al nuevo secretario mexicano de Relaciones Exteriores, el inexperto burócrata Roberto Velasco Álvarez, cuya novatez carece de relaciones estratégicas y de poder en el establishment de inteligencia, geopolítica y seguridad nacional de EU.

El común denominador de este cerco a México se concentra en advertencias muy concretas y claras de criminalizar en el sistema judicial de Estados Unidos el padrinazgo o relación de políticos mexicanos con cárteles del narcotráfico. Al ahora exgobernador Rocha Moya y nueve coacusados les acreditó un Gran Jurado de Nueva York responsabilidades en la expansión de actividades delictivas y entretejido con el sistema político local a la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Los señalamientos judiciales están basados en acusaciones muy precisas de cómo Rocha Moya y coacusados intercambiaron favores políticos y de poder: los narcos participando con violencia en la acumulación de votos electorales y el gobierno local entregándole al crimen organizado el control de oficinas públicas de seguridad, obra pública y otras decisiones de poder.

El cerco geopolítico y de seguridad de Estados Unidos alrededor de México en los últimos días es el segundo que se aplica con criterios de inteligencia, seguridad nacional y geopolítica. Hace poco más de un año, oficinas estadounidenses desplegaron personal, aviones, supervisión electrónica, espías y naves marítimas de guerra, en el contexto en ese momento de la toma de posesión del presidente Donald Trump y sus amenazas contra la narcopolítica en México, además del anuncio formal de que seis cárteles del crimen narcotráfico mexicano --con sede en territorio nacional, pero con células autónomas en EU-- pasaban a ser considerados como narcoterroristas.

En los cuatro y medio meses de este año, el gobierno del presidente Trump también aprobó la circulación de cuando menos cuatro estrategias geopolíticas que tienen que ver con la seguridad de EU: la estrategia de seguridad nacional, la estrategia nacional antidrogas, la estrategia antiterrorista y la estrategia de Defensa Nacional. Todas ellas forman parte del entramado que se ha convertido en el cerco estadounidense alrededor de México, con advertencias de que de un momento a otro pudieran darse operativos en las orillas territoriales de la República --por mar y tierra-- para combatir in situ a las operaciones de transporte de drogas de México hacia Estados Unidos.

Pero el asunto más grave fue reiterado por el presidente Donald Trump justo después de entregar formalmente a México la solicitud de arresto con fines de extradición del exgobernador Rocha Moya y nueve acusados, y fue la enésima amenaza de que el gobierno americano podría entrar físicamente al espacio territorial mexicano para combatir los nidos de los narcotraficantes, con el señalamiento en modo de acusación de que México no se atrevía a combatir a los cárteles porque había una fusión de intereses en lo que ha reiterado en los últimos meses: México como narcoestado.

Las revelaciones el martes de la CNN y del The New York Times sobre un operativo realizado en las afueras del aeropuerto Felipe Ángeles con el estallamiento de un coche donde viajaban poderosos narcos descompusieron la narrativa del Gobierno mexicano y de EU por dos razones: un acto terrorista que acreditaron a autoridades mexicanas y que violaba todas las limitaciones de funcionamiento porque la CIA y México tienen prohibido asesinar adversarios de manera extrajudicial. Es decir, se presentaron unos perfiles de utilización del terrorismo de Estado para combatir el narcoterror.

La advertencia más grave en el cerco fue la del director de la DEA, Terrance Cole, en el sentido de que la solicitud de arresto del gobernador de Sinaloa era la primera de varias que podrían liberarse muy pronto. Y en ese contexto fue que el cerco estadounidense de inteligencia, seguridad nacional y geopolítica alrededor de México puede anteceder a la invasión para capturar a otros narcopolíticos y a jefes de cárteles.

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