Desde la banqueta

“Moche digital”, el nuevo impuesto para Roberto… Cantoral

Bienvenido a México, el único lugar del mundo donde no has comprado un teléfono celular y las autoridades ya asumieron que vas a piratear algo con él. En un alarde de eficiencia regulatoria, la Secretaría de Cultura —encabezada por Claudia Curiel de Icaza— y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) —de Karina Luján Luján— se aliaron con Roberto Cantoral y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) para revivir un viejo conocido del descaro fiscal: el “Moche Digital”.

Este flamante proyecto busca imponer un cobro de hasta el 2% sobre computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes y cualquier dispositivo capaz de almacenar o reproducir archivos. No importa si compras una computadora de gama alta para programar, editar arquitectura, analizar datos o redactar informes de oficina; el argumento gubernamental parte del principio de la culpabilidad previa: tienes memoria en el equipo, ergo, eres un pirata en potencia y hay que cobrarte por si acaso.

El truco de la puerta trasera: si el Congreso dice no, pásalo por Reglamento

Esta ocurrencia no es nueva. Es la misma fórmula que Cantoral intentó empujar en el ámbito legislativo hasta que en 2021 la Cámara de Diputados la congeló, con el rechazo expreso incluso de legisladores de Morena y sus aliados, quienes en su momento entendieron el absurdo de castigar el acceso a la tecnología.

Como la vía democrática y representativa no funcionó, la estrategia dio un giro conveniente. Si la Ley Federal del Derecho de Autor no se pudo reformar en el Pleno, Cultura e INDAUTOR pretenden meter la mano vía Reglamento. Sin debate parlamentario ni contrapesos, buscan definir por decreto a los sujetos obligados, los aparatos castigados, la base de cálculo y la tarifa del 2%. Un albazo administrativo en toda regla.

Cobrar a ciegas: la matemática del despropósito

Lo más alarmante del renovado ímpetu de Curiel, Luján y Cantoral es que avanza en el absoluto vacío técnico. No existe un solo estudio en México que cuantifique el supuesto perjuicio por “copia privada”, ni análisis sobre la frecuencia de uso de los dispositivos, ni siquiera un cálculo oficial sobre cuánto pretenden recaudar. La improvisación es total.

Para rematar el disparate, la tarifa se calcularía sobre el valor comercial total del aparato. Si desembolsas miles de pesos extra por un equipo con un procesador más rápido, una mejor pantalla o más memoria RAM para trabajar, pagarás más “moche”. Para la autoridad, un chip más potente equivale automáticamente a un deseo desenfrenado de violar derechos de autor.

Golpe al bolsillo del consumidor y doble tributación

Aunque el discurso oficial prometa que la cuota la pagarán los importadores o el primer comercializador, la dinámica económica no perdona: el costo se trasladará directo al precio de lista. En un contexto donde celulares, laptops y tabletas son herramientas indispensables para el estudio, el trabajo remoto y la supervivencia de los emprendedores, el gravamen funciona como un freno directo a la adopción tecnológica.

El esquema roza además el ridículo con el fenómeno de la doble tributación práctica. Millones de usuarios consumen música, series y películas pagando mensualmente sus suscripciones en plataformas licenciadas. Ahora, el usuario pagará por el derecho legal a streaming en su plataforma y, de paso, un impuesto al dispositivo físico solo por el hecho de tener una pantalla donde reproducirlo.

La bolsa millonaria: entre sociedades de gestión y el 5% para la casa

Las cifras detrás de este intento de regulación explican la prisa. Estimaciones del sector privado calculan que el “Moche Digital” extraerá del mercado entre 700 y 750 millones de dólares anuales.

Al revisar el reparto del pastel, las piezas encajan: la bolsa multimillonaria se distribuiría entre sociedades de gestión colectiva —con la SACM de Cantoral a la cabeza— y un 5% directo a las arcas de la Secretaría de Cultura. Con esos números sobre la mesa, el interés por saltarse al Congreso y aprobar el esquema mediante Reglamento deja de ser una sospecha para convertirse en una obviedad.

Un tiro en el pie al comercio formal y al T-MEC

El impacto colateral promete ser destructivo. Imponer costos administrativos y de cumplimiento al comercio establecido solo servirá para engordar los márgenes del contrabando y el mercado informal, donde los dispositivos se venderán sin el 2% adicional y al margen de cualquier regulación.

Por si faltara sazón al escenario, la iniciativa ya encendió las alarmas de organismos empresariales nacionales e internacionales como la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham). Pretender cargar a la tecnología con una sobretasa inexistente en Estados Unidos justo en la víspera de la revisión del T-MEC no es solo una torpeza económica; es un riesgo directo a la certidumbre jurídica, la atracción de inversión y la integración de la región de Norteamérica.