Rechazan que salud mental de jóvenes en NYC dependa de estatus migratorio
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 21 de junio de 2025.- La Ciudad de Nueva York presentó una declaración legal en respaldo a la demanda encabezada por la procuradora general Letitia James y una coalición de 21 estados, en contra de una nueva interpretación federal que restringe el acceso a servicios sociales financiados por el gobierno según el estatus migratorio.
La medida, relacionada con la Ley PRWORA, afecta directamente el financiamiento de programas como la Asociación para la Diversión Temprana de la Juventud, ejecutado por el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad (DOHMH).
Este programa recibió una subvención de más de mil millones de dólares y brinda servicios de salud mental y tratamiento por uso de sustancias a jóvenes en riesgo, muchos de ellos en contacto con el sistema de justicia juvenil.
En un boletín, el alcalde Eric Adams afirmó que la seguridad pública también implica invertir en prevención, y que condicionar el acceso a estos servicios discrimina y pone en peligro la efectividad de la intervención temprana. El programa ha evaluado a más de 120 jóvenes desde 2023 y planea asistir a al menos 225 durante su vigencia.
"Las enfermedades mentales no discriminan en función del estatus legal, y para garantizar que todos nuestros residentes estén seguros, tampoco debería hacerlo el financiamiento de programas que evitan que ocurran delitos desde el principio. Estos programas atienden a jóvenes con necesidades de salud mental y los ayudan a no caer en una vida delictiva. Nos enorgullece presentar esta declaración mientras luchamos para asegurar que los neoyorquinos reciban cada dólar al que tienen derecho mientras continuamos haciendo de la Ciudad de Nueva York un lugar más seguro y el mejor lugar para criar una familia", aseguró el alcalde.
Funcionarios locales advirtieron que pedir prueba de estatus migratorio desalienta la participación, especialmente entre adolescentes sin documentación oficial, privándolos del apoyo que necesitan.
La comisionada interina de DOHMH, Michelle Morse, y la abogada de la ciudad, Muriel Goode-Trufant, coincidieron en que esta política contradice décadas de trabajo comunitario.
La interpretación federal establece que todos los programas financiados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos están sujetos a verificación migratoria, salvo los gestionados por entidades sin fines de lucro.
En respuesta, la Ciudad de Nueva York reafirma su compromiso de garantizar el acceso equitativo a la salud mental y la protección juvenil, sin importar la situación migratoria de los beneficiarios.
