Presentan demanda colectiva por arrestos migratorios ilegales en NY

NUEVA YORK, EU, 9 de abril de 2026.- La Legal Aid Society, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), Make the Road New York y Covington & Burling LLP presentaron una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. La demanda cuestiona la política y la práctica del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) de detener a neoyorquinos sin sospecha alguna, basándose únicamente en su raza y etnia percibidas, y de realizar arrestos migratorios sin orden judicial y sin causa probable.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el procedimiento se presentó en nombre de ocho neoyorquinos latinos que fueron detenidos y arrestados ilegalmente por agentes de las agencias dependientes del DHS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) o el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), mientras realizaban sus actividades cotidianas, así como en nombre del Workers’ Center of Central New York. En la demanda se alega que los demandantes individuales fueron objeto de perfiles raciales por parte de agentes federales, en violación de diversas leyes y normativas federales que prohíben a los agentes federales utilizar la raza de una persona como justificación para detenerla o retenerla.

Según la demanda, los agentes de ICE y CBP infringen con frecuencia las leyes que exigen una sospecha razonable de una infracción migratoria antes de poder detener a alguien, y habitualmente ignoran los límites constitucionales y legales a su facultad de detención. Además, la ley federal exige que los agentes tengan motivos fundados tanto de una infracción migratoria como de la probabilidad de fuga antes de realizar una detención sin orden judicial.

Agentes de ICE y CBP, junto con otros agentes federales que cooperan con ellos, están deteniendo y arrestando ilegalmente a miles de personas negras y morenas, la gran mayoría de las cuales son latinas o hispanas, con el fin de cumplir con las elevadísimas cuotas de arrestos migratorios del Gobierno de Trump.

Solo en los primeros seis meses del segundo mandato de Trump, los funcionarios de inmigración detuvieron a dos 888 no ciudadanos en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, más del triple de detenciones que en los últimos seis meses del gobierno anterior. Desde entonces, estas detenciones migratorias sin sospecha y sin orden judicial han continuado sin cesar en la ciudad de Nueva York y en todo el estado. En la demanda se alega que los agentes federales de inmigración rara vez tienen un fundamento legal para creer que la persona a la que detienen está infringiendo las leyes de inmigración y que, de forma sistemática, realizan detenciones sin tener en cuenta la situación migratoria de la persona ni sus vínculos con la comunidad.

Según la demanda, como consecuencia del aumento de la aplicación de la ley, las comunidades de inmigrantes de todo el estado de Nueva York viven en un estado de asedio. La persecución generalizada de neoyorquinos que simplemente realizan sus actividades cotidianas, como ir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o hacer las compras, ha llevado a muchas personas, incluidos ciudadanos estadounidenses y personas con estatus legal, a limitar sus actividades por temor a que los detengan ilegalmente.

"Los neoyorquinos deberían poder llevar a cabo su vida diaria sin temor a que agentes federales enmascarados los detengan por el color de su piel", afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James. "Esta política de perfilamiento racial es ilegal e inadmisible. Me enorgullece apoyar a estos demandantes y activistas en su lucha por defender la Constitución y proteger los derechos de todos los neoyorquinos".

"El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está perfilando y deteniendo a neoyorquinos negros y latinos únicamente por su apariencia. Se trata de una violación flagrante de sus derechos civiles, que ha provocado miedo y pánico en las comunidades de inmigrantes de Nueva York", afirmó Meghna Philip, directora de la Unidad Especial de Litigios de The Legal Aid Society. "Esta anarquía debe terminar, y el Gobierno federal debe rendir cuentas por su abuso de autoridad. Nuestros clientes, y todos los neoyorquinos, merecen llevar a cabo su vida y sus actividades cotidianas sin temor a la vigilancia, la detención y la separación familiar arbitrarias y discriminatorias".

"Durante más de un año, los agentes de inmigración han tratado a nuestro estado como una zona sin constitución, al perfilar y detener ilegalmente a neoyorquinos negros y latinos en cumplimiento de la agenda de deportación de Trump", afirmó Amy Belsher, directora de Litigios por los Derechos de los Inmigrantes de la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York. "Ahora, los neoyorquinos que llevan a cabo sus actividades cotidianas —como ir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o hacer las compras— deben temer que, de repente, agentes enmascarados los detengan y los arresten sin causa probable. Estas prácticas son discriminatorias, inconstitucionales y constituyen una afrenta a los derechos de todos los neoyorquinos. Confiamos en que el tribunal hará que los funcionarios de inmigración de este Gobierno rindan cuentas por sus actos".

Harold Solís, codirector legal de Make the Road New York, declaró: "Durante meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido ilegalmente en la vía pública a neoyorquinos negros y latinos, sin explicaciones, sin previo aviso y sin el debido proceso, a menudo solo por su aspecto. Nuestros clientes vivieron esto en carne propia. A muchos de ellos los detuvieron por hacer lo que innumerables neoyorquinos hacen todos los días: llevar a sus hijos a la escuela, cargar gasolina o ir a trabajar. El sufrimiento que padecieron fue el resultado previsible de una política ilegal impulsada por motivos ilegales y cuotas de deportación, no de la Constitución ni del estado de derecho. Esta demanda busca reafirmar las garantías más básicas que protegen a todas las personas frente a agentes del gobierno que, de otro modo, privarían a alguien de su libertad simplemente por prejuicios".