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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 6 de noviembre de 2026.- Una jueza federal rechazó la solicitud de 15 alguaciles de Nueva York que buscaban suspender una ley estatal que limita los acuerdos de colaboración entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La decisión fue emitida el 4 de noviembre por la jueza Mae A. D’Agostino, del Tribunal Federal para el Distrito Norte de Nueva York, en el caso Bourgault et al. v. Hochul et al. La resolución permite que continúe vigente la denominada Local Cops, Local Crimes Act, mientras sigue el proceso judicial.
Los alguaciles, encabezados por Kyle Bourgault, del condado de Rensselaer, presentaron la demanda en agosto. Argumentaron que la legislación vulnera sus facultades y disposiciones de las constituciones estatal y federal al impedirles mantener acuerdos con las autoridades migratorias.
Sin embargo, la jueza determinó que los demandantes no demostraron tener capacidad jurídica para impugnar la legislación estatal. También señaló que no identificaron una disposición de la ley de Nueva York que les concediera autoridad para establecer los acuerdos cuestionados.
La resolución no determina la constitucionalidad de la ley ni resuelve definitivamente el litigio.
La ley, promulgada por la gobernadora Kathy Hochul el 27 de mayo de 2026, entró en vigor el 25 de agosto. Prohíbe los acuerdos del programa federal 287(g), que permite a agentes locales realizar determinadas funciones migratorias bajo supervisión de ICE, así como convenios para alojar a personas detenidas exclusivamente por infracciones migratorias civiles.
Las policías locales no podrán participar en esas funciones migratorias mediante los acuerdos prohibidos ni utilizar sus centros penitenciarios para mantener detenidos civiles de inmigración bajo esos convenios. Sin embargo, la ley no impide que ICE realice sus propios operativos y detenciones en Nueva York.
Hochul defendió la medida al afirmar: “Mi principal prioridad es mantener seguros a los neoyorquinos”, y sostuvo que las policías deben concentrarse en combatir los delitos locales.
El Departamento de Justicia también mantiene una demanda independiente contra el estado para impugnar las restricciones. Por tanto, el alcance definitivo de la legislación continúa sujeto a litigio.




