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MANHATTAN, Nueva York, EU, 9 de agosto de 2026.- Para unos representa el derecho a decidir cómo afrontar los últimos días de una enfermedad terminal. Para otros cruza un límite moral que el Estado no debería permitir. La Medical Aid in Dying Act entró en vigor en Nueva York el pasado miércoles 5 de agosto y ya divide opiniones entre residentes de la ciudad.
La norma permite que determinados adultos con una enfermedad terminal soliciten a un médico medicamentos para poner fin a su vida, pero exige que sea el propio paciente quien los administre.
La legislación llegó después de alrededor de una década de debate en Albany. Fue impulsada en la Legislatura estatal por la asambleísta Amy Paulin y el entonces senador Brad Hoylman-Sigal. La gobernadora Kathy Hochul alcanzó un acuerdo con los legisladores para incorporar salvaguardas adicionales y finalmente firmó la medida el 6 de febrero de 2026.
Para acceder, la persona debe tener al menos 18 años, residir en Nueva York, conservar capacidad para tomar decisiones y padecer una enfermedad diagnosticada que razonablemente causará su muerte en seis meses o menos.
También existen varios controles antes de recibir la prescripción. La normativa contempla solicitudes reiteradas del paciente, evaluaciones médicas y de capacidad mental, además de un periodo de espera.
Ninguna persona puede ser obligada a solicitar los medicamentos y los profesionales médicos tampoco están obligados a participar. Nueva York se suma así a otros estados y al Distrito de Columbia que permiten alguna modalidad de ayuda médica para morir.
Janelle Nicole Reubottom se manifestó en contra desde una perspectiva religiosa.
“No estoy de acuerdo con que el suicidio asistido sea correcto porque creo en Jesucristo y él es el autor de la vida y de la muerte”, expresó a Quadratín Hispano. Reubottom dijo creer que incluso un diagnóstico de seis meses puede cambiar. “Creo en los milagros”, añadió. Para ella, la decisión sobre el final de la vida no debería quedar únicamente en manos de una persona.
Samaya, residente en Nueva York, también rechazó la nueva legislación.
“Me parece una locura”, afirmó. Durante la entrevista sostuvo que la norma podría incentivar a personas a terminar con su vida. Sin embargo, la ley no obliga ni fuerza a ningún paciente a hacerlo: únicamente establece una opción voluntaria para quienes cumplen los requisitos médicos y legales. Incluso después de completar el proceso, el paciente conserva la decisión de no utilizar el medicamento.
Luca, de 35 años, defendió justamente esa capacidad de decisión.
“Cada uno tiene que hacer lo que siente que tiene que hacer con su vida”, señaló. Para él, ninguna otra persona debería sustituir la voluntad de quien atraviesa una enfermedad terminal. “Cada uno es responsable de su vida y nadie aparte de ellos puede decidir por ellos”, agregó al respaldar que la ley permanezca vigente.
Zoe, artista residente en Nueva York, también se mostró a favor y vinculó el debate con su propia experiencia viviendo con una enfermedad crónica.
“Dar a las personas la oportunidad de morir con dignidad es algo que debería permitirse en las circunstancias correctas”, expresó. A su juicio, cuando el pronóstico ya es terminal, mantener cierto control sobre el final puede convertirse en una cuestión de autonomía. “Darles la oportunidad de tener esa decisión en sus propias manos no es algo malo”, sostuvo.
Organizaciones vinculadas con personas con discapacidad intentaron frenar la implementación, mientras instituciones católicas y órdenes religiosas han cuestionado disposiciones que consideran incompatibles con sus creencias. Un tribunal concedió protección temporal a varias órdenes religiosas mientras continúa uno de esos litigios.
Desde la oficina de Hochul, su portavoz Nicolette Simmonds ha insistido en que “la participación es completamente voluntaria y las instituciones religiosas tienen derecho a no participar”.




