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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 15 de mayo de 2026.- La gobernadora Kathy Hochul promulgó dos leyes destinadas a proteger y ampliar el acceso a vacunas en Nueva York, en respuesta a lo que calificó como esfuerzos federales por debilitar el consenso científico sobre inmunización.
Las medidas fueron impulsadas en coordinación con la líder de la mayoría del Senado estatal, Andrea Stewart‑Cousins, y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie.
Hochul afirmó que el estado actuará para resguardar la salud pública frente a decisiones federales que, según dijo, han politizado la ciencia.
“Esta legislación protege el acceso a vacunas que salvan vidas para neoyorquinos de todas las edades”, señaló.
El primer proyecto, A.10710/S.9599, obliga a las aseguradoras a cubrir no solo las vacunas recomendadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), también aquellas respaldadas por el comisionado estatal de Salud con base en estándares médicos reconocidos nacional e internacionalmente.
El segundo proyecto, A.10711/S.9598, actualiza referencias en las leyes de Salud Pública, Educación y Servicios Sociales para permitir que Nueva York adopte sus propios criterios científicos sobre inmunización.
La norma también autoriza a los farmacéuticos a administrar la vacuna contra Covid 19 a menores de dos a 18 años, ampliando una facultad que antes se limitaba a adultos.
El comisionado estatal de Salud, James McDonald, destacó que las vacunas siguen siendo una herramienta esencial para prevenir enfermedades graves y que la legislación refuerza la confianza en recomendaciones médicas basadas en evidencia.
Líderes legislativos coincidieron en que el paquete busca blindar la salud pública frente a mensajes que, a su juicio, generan dudas infundadas sobre la seguridad de las vacunas.
Stewart‑Cousins sostuvo que Nueva York “defiende la ciencia y las prácticas basadas en evidencia”, mientras que Heastie afirmó que el estado “se mantendrá firme del lado de la ciencia demostrada”.
Senadores y asambleístas resaltaron que las nuevas leyes modernizan la cobertura de inmunizaciones, eliminan barreras de acceso y garantizan que las decisiones sobre vacunación se basen en criterios médicos locales, no en cambios federales que podrían limitar la protección de la población.




