Frena fiscal de Nueva York intento de Trump de limitar servicios sociales

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 21 de septiembre de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó este lunes que un tribunal federal falló a favor de una demanda presentada por su oficina y una coalición de fiscales generales contra una política de la administración federal que ampliaba las restricciones migratorias para acceder a programas de salud, educación y servicios sociales.

“Desde exámenes de detección de cáncer hasta bancos de alimentos y educación infantil temprana, los intentos del gobierno federal por desmantelar la red de seguridad social habrían sido catastróficos para las familias trabajadoras”, afirmó James en un comunicado de prensa. “Luchamos contra esto, y hoy un tribunal federal dictaminó que esta política cruel e injusta de privación es ilegal y no puede mantenerse”.

La fiscal general agregó: “Me enorgullece luchar por las familias trabajadoras y seguiré haciendo todo lo que esté en mi mano para garantizar que los neoyorquinos cuenten con el apoyo que necesitan”.

La disputa comenzó en julio de 2025, cuando el gobierno federal anunció una política que ampliaba la categoría de programas considerados beneficios públicos federales sujetos a requisitos de verificación migratoria establecidos por la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo (PRWORA).

La medida contemplaba que determinados programas verificarán el estatus migratorio de las personas atendidas. Según la demanda, las restricciones podían afectar tanto a inmigrantes indocumentados como a algunos extranjeros con estatus legal, incluidos titulares de visas de estudiante, trabajadores temporales y visitantes de intercambio.

James encabezó una coalición de 20 fiscales generales que impugnó la política y obtuvo una orden judicial preliminar en septiembre de 2025.

Con el fallo emitido este lunes, el tribunal concedió la solicitud de juicio sumario presentada por los estados y anuló las normas federales cuestionadas. Entre los programas que estaban bajo amenaza se encontraban Head Start, clínicas de planificación familiar del Título X, bancos de alimentos, refugios para víctimas de violencia doméstica, programas de educación para adultos y centros de salud comunitarios.