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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 22 de septiembre de 2026.- La Oficina de Investigaciones Especiales (OSI) de la Fiscalía General de Nueva York determinó que no existen elementos suficientes para presentar cargos penales contra el agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) involucrado en la muerte de Shelton Ennis, ocurrida el 26 de junio de 2025 en Manhattan.
La conclusión se dio a conocer tras una investigación que incluyó la revisión de cámaras corporales, registros médicos, entrevistas con los agentes involucrados y un análisis de las leyes aplicables. La OSI concluyó que un fiscal no podría demostrar más allá de toda duda razonable que el agente cometió un delito, indica un comunicado de prensa.
Según el informe, alrededor de las 21:52 horas, agentes del NYPD observaron a Ennis arrojar una lata de cerveza abierta en Riverside Park, cerca de Riverside Drive y West 136th Street. Los oficiales le solicitaron su identificación para emitirle una citación, pero Ennis dijo que no llevaba documentos y proporcionó un nombre y una fecha de nacimiento falsos.
Al no poder verificar su identidad, los agentes le informaron que tendrían que trasladarlo a una comisaría. Ennis huyó y dos oficiales lo persiguieron a pie. Uno de ellos lo sujetó por detrás y ambos cayeron al suelo. Ennis perdió el conocimiento.
Los servicios médicos de emergencia llegaron a las 22:13 horas y encontraron a Ennis respirando, pero sin responder. Fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto a las 22:49 horas. Los agentes recuperaron un cuchillo en el lugar.
El médico forense determinó que la causa de muerte fue el impacto sufrido durante la caída, que provocó una ruptura en la pared del corazón.
La OSI señaló que la ley de Nueva York permite a los agentes utilizar la fuerza física que consideren razonablemente necesaria para efectuar un arresto legal.
“No existe evidencia de que el agente tuviera la intención de causar lesiones, ni evidencia de imprudencia o negligencia criminal conforme a la ley”, establece el informe.
Con base en las pruebas y el marco legal aplicable, la OSI concluyó que no se justificaban cargos penales contra el agente.




