Demanda fiscal de NY a la EPA por debilitar protecciones climáticas

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 21 de julio de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó una coalición integrada por los fiscales generales de otros 18 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de Nueva York para demandar a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), al considerar que una nueva norma debilita las restricciones federales sobre los hidrofluorocarbonos (HFC), potentes gases de efecto invernadero.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, busca impedir que entre en vigor la regulación impulsada por la administración del presidente Donald Trump, la cual aplaza hasta por seis años los plazos para que nuevos equipos comerciales de refrigeración utilicen refrigerantes con menor potencial de calentamiento global.

"Desde mantas de humo de incendios forestales hasta tormentas, inundaciones y temperaturas extremadamente altas, estamos experimentando la crisis climática en tiempo real", afirmó James.

La fiscal general sostuvo que el Congreso aprobó en 2020 la Ley de Innovación y Manufactura Estadounidense (AIM), que ordena reducir gradualmente la producción y el consumo de HFC en aproximadamente 85 por ciento para 2036.

"El Congreso aprobó una ley bipartidista para reducir algunos de los gases de efecto invernadero más peligrosos porque los costos de la inacción son demasiado altos. La EPA no puede ignorar esa ley y poner en riesgo a nuestras comunidades", señaló.

Según la demanda, la nueva norma permitirá que equipos comerciales, como las unidades condensadoras remotas utilizadas en supermercados, tiendas de conveniencia y panaderías, continúen empleando refrigerantes con un potencial de calentamiento global hasta diez veces mayor que el permitido anteriormente, al menos hasta 2032.

La coalición argumenta que el cambio regulatorio incrementará las emisiones de HFC, retrasará la reducción de la contaminación climática y alterará el equilibrio previsto por la Ley AIM, lo que podría provocar escasez de refrigerantes y mayores costos para consumidores y empresas.

Además, sostiene que la EPA ignoró las inversiones realizadas por fabricantes y empresas que ya habían adaptado sus operaciones para cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente.

La demanda afirma que la regulación es "arbitraria, caprichosa y contraria a la Ley AIM", por lo que solicita al tribunal bloquear su aplicación.

La acción legal cuenta con el respaldo de los fiscales generales de California, Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin, además del Distrito de Columbia y la ciudad de Nueva York.