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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 24 de junio de 2026.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reafirmó su defensa de las nuevas leyes estatales de transparencia y seguridad pública frente a la demanda presentada por la administración del presidente Donald Trump para impedir su entrada en vigor.
Acompañada por la fiscal general Letitia James, representantes de organizaciones de inmigrantes, líderes comunitarios y autoridades de seguridad pública, Hochul anunció una acción legal para proteger el paquete de medidas que fortalece la rendición de cuentas durante los operativos migratorios y policiales en el estado, explica un comunicado de prensa.
“En Nueva York creemos en la seguridad pública, la rendición de cuentas y la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven”, afirmó Hochul. “Estas políticas de sentido común garantizan que las fuerzas del orden que operan en Nueva York cumplan con sus deberes de forma abierta y transparente, sin intimidación ni ocultamiento de identidades”.
La demanda presentada por el estado busca que un tribunal federal confirme la legalidad de las nuevas disposiciones y evite cualquier interferencia del gobierno federal en la aplicación de las leyes estatales.
Entre las medidas destaca una norma que entrará en vigor este viernes y que prohíbe a agentes locales, estatales y federales ocultar su identidad con máscaras durante interacciones públicas, además de exigir que porten una identificación visible.
Otra disposición, denominada Ley de Policías Locales, Delitos Locales, impide que gobiernos municipales y agencias policiales celebren acuerdos de colaboración migratoria bajo el programa federal 287(g), con el objetivo de que los recursos locales se destinen exclusivamente a la atención de delitos y prioridades de seguridad pública en las comunidades.
Según el gobierno estatal, la acción judicial responde a la demanda presentada por la administración Trump el pasado 22 de junio, mediante la cual busca bloquear la entrada en vigor de estas leyes.
Hochul sostuvo que Nueva York cuenta con facultades constitucionales para legislar en materia de seguridad pública y administración de recursos estatales.
“Nueva York respalda firmemente estas leyes y las defenderemos en todo momento”, subrayó.
Por su parte, la fiscal general Letitia James señaló que el estado tiene derecho a establecer mecanismos de transparencia para todas las corporaciones de seguridad que operan dentro de su territorio.
“Los agentes del orden que operan en nuestras comunidades deben ser claramente identificables, y los recursos locales deben utilizarse para atender las necesidades locales de seguridad pública”, declaró James. “Mi oficina defenderá estas protecciones de sentido común y la autoridad de Nueva York para hacerlas cumplir”.
El presidente y director ejecutivo de la New York Immigration Coalition, Murad Awawdeh, respaldó la postura estatal y consideró que las nuevas leyes son fundamentales para proteger a las comunidades inmigrantes.
“No existe Nueva York sin las comunidades inmigrantes, y el estado ha tomado medidas decisivas para proteger a nuestras comunidades del terror impuesto por ICE y para defender nuestros derechos colectivos”, expresó.
La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, también respaldó la iniciativa al señalar que la confianza ciudadana es indispensable para una estrategia eficaz de seguridad pública.
“Cuando los residentes confían en que las fuerzas del orden actúan con equidad y transparencia, es más probable que denuncien delitos, colaboren en investigaciones y ayuden a mantener seguros sus vecindarios”, afirmó.
La gobernadora y la fiscal general solicitaron al tribunal federal que declare inconstitucional cualquier intento del gobierno federal de impedir la aplicación de las nuevas protecciones migratorias, al considerar que vulnera las facultades reservadas a los estados por la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.




