Investiga Fiscalía muerte de conductor tras operativo policial en Brooklyn
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 17 de noviembre de 2026.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) criticó a las autoridades de Nueva York por la liberación de Delon Raymond Jaundoo, un ciudadano de Guyana acusado de intento de asesinato, agresión y otros delitos relacionados con armas de fuego, quien actualmente permanece prófugo.
En un comunicado difundido el martes 17 de noviembre, la dependencia informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó el 29 de abril una orden de detención ante el Departamento Correccional de Nueva York para solicitar que Jaundoo no fuera liberado.
El hombre había sido arrestado en Brooklyn por cargos de intento de asesinato, agresión en primer grado con un arma, agresión en segundo grado y posesión criminal de armas de fuego. Además, contaba con un arresto previo por agresión en tercer grado.
Sin embargo, según el DHS, las autoridades no atendieron la solicitud de ICE y Jaundoo salió de la prisión de Rikers Island el 7 de noviembre. La dependencia señaló que continúa prófugo.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, cuestionó las políticas migratorias de Nueva York y responsabilizó a las autoridades locales por no colaborar con ICE.
“Este extranjero tiene antecedentes penales violentos que incluyen intento de asesinato, agresión y posesión criminal de un arma”, declaró Mullin.
El funcionario agregó que la liberación representa un riesgo para la seguridad pública y pidió poner fin a las políticas de ciudades santuario.
De acuerdo con el DHS, Jaundoo ingresó legalmente a Estados Unidos durante la administración del expresidente Barack Obama, pero permaneció en el país después de que expirara su autorización migratoria en enero de 2015.
La dependencia también vinculó el caso con la legislación impulsada por la gobernadora Kathy Hochul, que restringe la cooperación de los departamentos policiales locales con ICE. Según el comunicado, la medida fue promulgada en mayo de 2026 y entró en vigor el 25 de agosto.
El DHS utilizó el caso para cuestionar las políticas de cooperación migratoria de Nueva York y su impacto en la seguridad pública.




