Resuelve NJ demanda laboral y ordena pago millonario a empleados afectados

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 29 de julio de 2026.- El Estado de Nueva Jersey alcanzó un acuerdo con STG Logistics y sus subsidiarias para resolver acusaciones de clasificación errónea de cientos de camioneros, práctica que violó múltiples leyes laborales y privó a los trabajadores de derechos básicos.

La investigación estatal, iniciada en 2019 sobre el predecesor de STG, XPO Logistics, reveló que la empresa ejercía control sobre los conductores pese a clasificarlos como contratistas independientes: imponía el uso de camiones rotulados, exigía acuerdos no negociables, prohibía trabajos externos sin permiso, instalaba dispositivos GPS y asignaba rutas y tarifas.

Además, STG dedujo y retuvo millones de dólares por combustible, peajes, seguros y reparaciones, en ocasiones dejando a los conductores con salarios netos negativos.

También incumplió requisitos de seguro laboral, registros de horas, pago de baja por enfermedad y contribuciones obligatorias a fondos estatales.

El pacto, anunciado por la fiscal general Jennifer Davenport y el comisionado interino del Departamento de Trabajo Kevin D. Jarvis, marca la primera demanda tramitada bajo la ley estatal de 2021 que permite litigar directamente contra empleadores que recurren a esta práctica.

El acuerdo garantiza al menos dos millones 775 mil dólares en pagos para los conductores y para el Estado, pese a que STG se declaró en bancarrota este año.

La suma fue catalogada como “prioritaria”, lo que asegura que los trabajadores recibirán compensación antes que otros acreedores.

Jarvis destacó que el caso sobrevivió a la venta de la empresa, a la bancarrota y a años de litigios, y afirmó que Nueva Jersey “usará todas las herramientas disponibles para proteger a los trabajadores”.

Davenport añadió que “los delincuentes corporativos no pueden aumentar sus beneficios explotando a quienes sostienen sus negocios”.

Del total acordado, dos millones 220 mil dólares se destinarán directamente a los camioneros por violaciones salariales y de horas trabajadas, mientras que 555 mil dólares irán al Estado por penalidades y contribuciones a fondos de desempleo y discapacidad. Si STG incumple el acuerdo, NJDOL recibirá una multa adicional de 7.5 millones de dólares.

El caso fue llevado por la División de Derecho de la Oficina del Fiscal General, con un equipo de vicefiscales y supervisores especializados en aplicación laboral.