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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 8 de abril de 2026.- La gobernadora Mikie Sherrill promulgó este miércoles el proyecto de ley A4528, una medida legislativa diseñada para fortalecer la red eléctrica estatal y garantizar la asequibilidad del servicio ante el incremento constante en la demanda de energía. La nueva normativa modifica los requisitos de la Ley de Revisión de Instalaciones en Zonas Costeras (CAFRA), permitiendo que las plantas nucleares sean consideradas dentro de los procesos de permisos ambientales del estado.
La firma del documento se realizó en una instalación de la empresa PSEG en Lower Alloways Creek, donde la mandataria estuvo acompañada por los legisladores Cody Miller, Wayne P. DeAngelo y Jerry Walker. Esta reforma surge en un momento de presión sobre la red regional, donde las limitaciones de oferta han elevado los precios del mercado de capacidad a niveles récord, impactando directamente en las facturas de las familias y empresas.
La ley faculta ahora al comisionado del Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey para determinar si los métodos de almacenamiento de residuos radiactivos cumplen con las normas de seguridad federales.
"Al permitir que se consideren estos proyectos, sin dejar de aplicar normas estrictas en materia de medioambiente y seguridad, damos un paso responsable para reforzar la fiabilidad", afirmó el legislador Miller sobre la importancia de la diversificación energética.
Por su parte, el legislador DeAngelo destacó que la energía nuclear es una de las fuentes más estables al no estar condicionada por factores climáticos. La nueva legislación elimina trabas administrativas consideradas obsoletas, abriendo la puerta a reactores de nueva generación que están diseñados para ser más eficientes, sostenibles y seguros que las versiones operadas en el pasado.
"Debemos analizar todas nuestras opciones para reducir costos, de modo que podamos apoyar el crecimiento de la economía de nuestro estado", puntualizó el legislador Jerry Walker.
Con esta acción, el gobierno de Sherrill busca consolidar una infraestructura que responda a las necesidades futuras de consumo, mientras mantiene estándares estrictos de protección a la salud pública y al entorno ambiental en las zonas costeras.




