Prohíben ejercer a 35 convictos sexuales en el sector salud de NJ
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 1 de diciembre de 2025.- Unas 35 personas condenadas por delitos sexuales en Estados Unidos (EU) han sido inhabilitadas para ejercer profesiones de la salud en Nueva Jersey, tres años después de la aprobación de una ley destinada a cerrar un resquicio legal que permitía a estos individuos mantener sus licencias estatales. La medida legal fue impulsada por la indignación de funcionarios y líderes políticos.
Esta acción legislativa se generó en 2022, motivada por la revelación de que un quiropráctico convicto por delitos sexuales, Bryan Bajakian, había podido conservar su licencia para ejercer en el estado. El escándalo provocó fuertes reacciones, incluso del gobernador Phil Murphy, quien calificó la situación de impactante y ofensiva. Los funcionarios electos en Trenton tacharon el caso de reprensible, increíble, e irresponsable e ilógico, según informaron medios locales.
La ley prohíbe a todas las juntas estatales que regulan las profesiones sanitarias restituir, reactivar, renovar o conceder una licencia a personas condenadas por ciertos crímenes. Estos delitos incluyen agresión sexual, contacto sexual delictivo, lascivia, poner en peligro el bienestar de un menor e intentar seducir a un menor. La División de Asuntos del Consumidor, que supervisa estas juntas, confirmó la negación de licencias o su no renovación a los 35 individuos.
Según los datos estatales, ocho personas ya tenían prohibida la renovación de sus licencias y otras dos fueron vetadas en su intento de restitución. Tres personas aplicaron por primera vez a una licencia y les fue denegada automáticamente por la nueva legislación. Entre los profesionales de la salud inhabilitados se encuentran farmacéuticos, enfermeros, dentistas y quiroprácticos.
Otros nueve tienen sus licencias revocadas por asuntos disciplinarios, y cualquier intento de recuperarlas será denegado conforme a la ley. Once titulares de licencias adicionales que informaron tener condenas inhabilitantes vieron expirar sus licencias al no responder a las solicitudes de información de las juntas.
