Presenta DOJ demanda contra Nueva Jersey por normas migratorias

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 29 de abril de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill y la fiscal general Jennifer Davenport, tras la aprobación de una legislación que restringe ciertas prácticas de agentes federales de inmigración en esa entidad.

La acción legal, interpuesta el 29 de abril, cuestiona la denominada Ley de Protección de los Agentes del Orden Público, firmada en marzo por Sherrill, que prohíbe a los cuerpos policiales, incluidos los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, operar con el rostro cubierto durante sus funciones en el estado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumenta que la norma representa un intento inconstitucional de regular a funcionarios federales, al tiempo que advierte que la medida podría poner en riesgo la seguridad de los agentes, quienes —según la dependencia— han enfrentado un incremento en casos de acoso, difusión de datos personales y agresiones.

En respuesta, Davenport sostuvo que la legislación busca equilibrar la seguridad pública con la rendición de cuentas, al limitar el uso de mascarillas y contemplar excepciones específicas para situaciones operativas.

Statement From Attorney General Davenport On U.S. Department of Justice Challenge To New Jersey Law Enforcement Officer Protection Act. pic.twitter.com/Nf7343PEj6

— Attorney General Jennifer Davenport (@NewJerseyOAG) April 29, 2026

Señaló que el gobierno federal no ha detallado en qué circunstancias sus agentes requieren ocultar su identidad ni por qué sería necesario hacerlo sin mecanismos claros de identificación.

La oficina de la gobernadora remitió su postura a lo expresado por la fiscal general estatal.

Además de esta ley, Sherrill promulgó otras dos normas relacionadas con la política migratoria. Una de ellas incorpora en la legislación estatal la llamada Directiva de Confianza de Inmigración, que restringe la cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria. La otra limita la posibilidad de que agencias estatales compartan el estatus migratorio de una persona con autoridades federales sin una orden judicial.

El Departamento de Justicia indicó que esta demanda forma parte de una serie de litigios en distintas entidades del país, en respuesta a políticas estatales que, a su juicio, interfieren con la aplicación de leyes federales de inmigración. El caso será resuelto en tribunales federales en las próximas etapas del proceso judicial.