Exigirá NJ a escuelas privadas protocolos contra el acoso escolar

TRENTON, Nueva Jersey, 14 de octubre del 2026. - Un proyecto de ley de Nueva Jersey busca establecer reglas claras para que las escuelas privadas investiguen las denuncias de acoso escolar y actúen ante estos casos. La iniciativa, conocida como Ley Jack Reid (A5254), avanzó en el Comité de Educación de la Asamblea estatal y pretende garantizar que los estudiantes de escuelas privadas cuenten con procedimientos definidos para denunciar el acoso y recibir protección.

Los estudiantes de escuelas privadas de Nueva Jersey no cuentan hoy con las mismas protecciones legales contra el acoso escolar que sus pares de escuelas públicas. El proyecto avanzó en la Asamblea buscando cambiar eso.

La Ley de Derechos contra el Acoso Escolar (ABR) no obliga a las escuelas privadas a seguir reglamentos, y la ley estatal solo las alienta a seguir estándares similares. Con el proyecto A5254 en vigor, la ley protegerá a todos los estudiantes creando requisitos legales específicos que deberán seguir tanto las escuelas públicas como las privadas.

La asambleísta Verlina Reynolds-Jackson, del distrito 15, en los condados de Hunterdon y Mercer, y vicepresidenta del Comité de Educación de la Asamblea, explicó que ese es el vacío que la medida busca cerrar.

“Los estudiantes de escuelas privadas quizás no tengan hoy los mismos requisitos básicos a nivel estatal para denunciar, investigar y responder a estos incidentes. La Ley Jack Reid cierra esa brecha”, afirmó. “Un estudiante debe saber que, si denuncia acoso, existe un proceso significativo para responder a esa queja”, agregó.

Origen de la Ley Jack Reid

La medida lleva el nombre de Jack Reid, quien murió por suicidio en 2022 tras más de un año de acoso por parte de compañeros en su escuela privada en Nueva Jersey.

“Jack era un joven amable y de buen corazón”, dijo la legisladora. Sus padres, la doctora Elizabeth Reid y Bill Reid, “han trabajado para convertir esa tragedia en un esfuerzo para que otras familias tengan protecciones y procesos que Jack no tuvo”, añadió.

Según Reynolds-Jackson, el proyecto establece un mínimo común sin reemplazar las políticas que muchas escuelas ya tienen. Cada escuela tendría que adoptar una política escrita en lenguaje sencillo, publicarla en su sitio web o portal y compartirla cada año con empleados, estudiantes y familias.

Cuando se presente una denuncia, el director, el administrador principal o una persona designada tendría que investigar con prontitud y documentar los hallazgos dentro de los cinco días escolares posteriores, además de comunicarlos a la víctima de manera apropiada para su edad.

Si el acoso se confirma, la escuela debería tomar medidas inmediatas para detenerlo y proteger la seguridad del estudiante, y también proteger a quienes denuncien de buena fe o colaboren en la investigación. Los empleados que presencien un caso o reciban una denuncia tendrían que avisar al director oralmente en un día escolar y presentar un informe escrito en dos días.

“Cuando un estudiante o una familia plantea una preocupación, debe haber un proceso claro para denunciar, investigar, comunicar el resultado, tomar medidas apropiadas y proteger al estudiante de más daño o represalias”, dijo la legisladora.

El proyecto incluye el ciberacoso y abarca conductas fuera de la escuela cuando generen o puedan generar previsiblemente una interrupción en el entorno escolar.

“Los estudiantes no dejan su entorno escolar atrás cuando salen del edificio”, afirmó Reynolds-Jackson.

Aclaró que la ley no busca que las escuelas vigilen cada desacuerdo fuera del aula.

“El objetivo es la rendición de cuentas y la protección del estudiante, no crear otra capa de burocracia”, sostuvo la legisladora.

El proyecto no crea una sanción penal ni una multa específica para las escuelas que no investiguen. En cambio, establece la responsabilidad legal de contar con un proceso y seguirlo.

Tampoco impone un currículo ni una capacitación determinada, ya que cada escuela elegiría los recursos que mejor se adapten a su estructura. Por ejemplo, si una familia considera que la escuela no investigó bien una denuncia, el primer contacto sería el director, el administrador principal o la persona designada en la política contra el acoso de la escuela. Por eso, Reynolds-Jackson explicó que la política debe ser pública y que los padres y estudiantes no deberían tener que preguntarse a quién acudir ni qué pasa después de presentar una queja.

El A5254 salió del Comité de Educación de la Asamblea con enmiendas el 14 de septiembre, con apoyo unánime y sin oposición del público, según Reynolds-Jackson. Actualmente, se encuentra en segunda lectura, mientras que su versión S4467 está en el Senado, patrocinada por los senadores Vin Gopal y Shirley Turner. La ley fue considerada por el Comité de Educación del Senado el primero de octubre.

En la Asamblea, la medida es patrocinada por las asambleístas Andrea Katz, del distrito 8; Verlina Reynolds-Jackson, del distrito 15, y Linda S. Carter, del distrito 22. Si ambas cámaras la aprueban, pasaría a la gobernación para su aprobación.

“Todos los estudiantes merecen sentirse seguros en la escuela, sin importar si asisten a una escuela pública o privada”, concluyó la legisladora.

Recuerde que, si usted o alguien que conoce atraviesa una crisis emocional, puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988, la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis. Para recibir atención en español, oprima 2 al llamar o envíe la palabra Ayuda por texto al 988.