Evalúa Asamblea de Nueva Jersey el presupuesto para el año fiscal 2027

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 29 de abril de 2026.- El Comité de Presupuesto de la Asamblea inició una serie de audiencias clave para analizar la propuesta financiera del estado correspondiente al año fiscal 2027. Bajo la dirección de la asambleísta Eliana Pintor Marin, el comité ha dedicado las últimas semanas a escuchar testimonios públicos y declaraciones de funcionarios estatales para estructurar el plan de gastos que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Durante esta fase del proceso, los legisladores concluyeron dos audiencias públicas en las que participaron 150 ciudadanos. Actualmente, el enfoque se ha desplazado hacia las comparecencias de comisionados y jefes de departamento de Nueva Jersey, quienes presentan las necesidades operativas de sus respectivas áreas. El objetivo central de la bancada demócrata es consolidar un presupuesto equilibrado que mantenga la disciplina fiscal.

La agenda legislativa prioriza el aumento de fondos para las escuelas públicas y el cumplimiento de las obligaciones de pensiones. Asimismo, se busca garantizar una reducción histórica en los impuestos a la propiedad, medida que impacta directamente en la economía de las familias residentes en el estado.

Enfoque en la responsabilidad financiera

La asambleísta Pintor Marin enfatizó que la elaboración del presupuesto debe ajustarse a la realidad de las comunidades que dependen de estas inversiones. "Nuestra responsabilidad ahora es continuar ese trabajo para asegurar que el presupuesto que elaboremos se base en la disciplina fiscal y la realidad", afirmó la presidenta del comité, destacando que detrás de cada cifra hay personas que enfrentan el aumento de los costos de vida.

Para avanzar en la definición de las partidas presupuestarias, los legisladores esperan recibir en mayo las cifras actualizadas de ingresos fiscales. Estos datos serán determinantes para finalizar la propuesta y asegurar que el estado cuente con los recursos necesarios para sus operaciones.

De acuerdo con la normativa estatal, el documento final deberá ser sometido a votación y promulgado antes del 30 de junio de 2026. Este calendario permite que las diversas comisiones ajusten los detalles de inversión en infraestructura y servicios sociales, buscando un punto medio entre el impacto social y la responsabilidad económica que exige la administración estatal.