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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 26 de mayo de 2026.- El alcalde de Newark, Ras J. Baraka, acusó presuntas fallas operativas, restricciones de acceso a inspecciones oficiales y posibles violaciones a derechos humanos en el centro de detención Delaney Hall, administrado por el grupo GEO Group.
En una declaración pública, Baraka señaló que la ciudad ha mantenido litigios durante el último año debido al supuesto incumplimiento de ordenanzas municipales por parte de la empresa operadora.
“La ciudad ha estado involucrada en litigios con el grupo GEO debido a su falta de cumplimiento con las ordenanzas municipales cuando comenzó a operar Delaney Hall”, afirmó en un comunicado divulgado en Facebook.
El alcalde aseguró que diversas agencias locales han sido impedidas de realizar inspecciones en el lugar.
“Nuestras preocupaciones siguen sin resolverse, ya que agencias clave como el Departamento de Salud, el Cuerpo de Bomberos y el área de Cumplimiento de Códigos han sido reiteradamente negadas al acceso”, sostuvo.

Baraka también indicó que, pese a las acciones legales, la instalación ha continuado operando en medio de incidentes graves.
“Estos incluyen el colapso de una pared que resultó en una brecha de seguridad, la muerte de una persona detenida y una huelga de hambre en curso por parte de detenidos”, señaló.
La declaración incorpora además referencias a cartas atribuidas a personas detenidas, en las que se describen condiciones sanitarias y médicas deficientes. “Las cartas describen enfermedades generalizadas, brotes de gripe y la negación de atención médica necesaria para condiciones crónicas y potencialmente mortales”, indicó Baraka, mencionando padecimientos como VIH, cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas.
Ante estos señalamientos, el alcalde anunció que solicitará la intervención del gobierno estatal para autorizar una investigación inmediata.
“Vamos a pedir asistencia del gobernador para que el fiscal general pueda investigar de inmediato Delaney Hall”, afirmó.
Asimismo, pidió inspecciones independientes para verificar el cumplimiento de normas de salud y seguridad. “Es imperativo garantizar la rendición de cuentas y proteger la dignidad de las personas detenidas”, concluyó.
Las autoridades estatales no han anunciado aún una respuesta formal a la solicitud.




