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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 1 de abril de 2026.- La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, manifestó una postura firme frente a los recientes cuestionamientos del presidente Donald Trump sobre el sistema de votación por correo. La mandataria estatal defendió la autonomía de las entidades para gestionar sus propios procesos electorales, amparada en los principios constitucionales que rigen al país.
Sherrill enfatizó que el esquema de sufragio por correspondencia ha demostrado ser una herramienta confiable y segura durante décadas. Indicó que millones de residentes, sin importar su afiliación política, utilizan este método para ejercer su derecho constitucional, permitiendo que la democracia sea más accesible para la población del estado.
"La Constitución es clara: los estados dirigen las elecciones, no el gobierno federal", sentenció la funcionaria. A través de un comunicado oficial, recordó que Nueva Jersey posee una trayectoria generacional en la administración de votaciones protegidas, por lo que cualquier intento de intervención externa carece de fundamentos técnicos para la operatividad local.
Para la gobernadora, las recientes órdenes del Ejecutivo federal no contribuyen a la integridad de los comicios. Nuestro sistema de voto por correo funciona. Millones de habitantes de Nueva Jersey, republicanos, demócratas y votantes no afiliados por igual, confían en él, aseguró Sherrill, al tiempo que recordó que el propio presidente ha emitido boletas mediante este método en procesos anteriores.
Al evaluar el impacto de estas políticas en la región, la mandataria señaló que este tipo de acciones generan incertidumbre innecesaria. "Esta orden no hace nada para fortalecer la integridad electoral y está diseñada para que sea más difícil votar para los ciudadanos elegibles", advirtió la jefa del Ejecutivo estatal en referencia a las medidas impulsadas desde la Casa Blanca.
Cualquier problema con las boletas por correo sería causado por el propio Trump, concluyó la gobernadora. Sherrill adelantó que empleará todos los recursos legales y administrativos a su alcance para salvaguardar las garantías fundamentales de los votantes y asegurar que el proceso electoral transcurra sin interrupciones que comprometan la voluntad popular en el estado.




