Avalan ley en Nueva Jersey para blindar el voto ante amenazas federales

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 23 de marzo de 2026.- En un contexto de mayor escrutinio a nivel nacional sobre el derecho al voto y de intentos a nivel federal de privar a los votantes de sus derechos, la Asamblea General de Nueva Jersey aprobó la Ley John R. Lewis de Empoderamiento de los Votantes de Nueva Jersey. Presentado por la asambleísta Verlina Reynolds-Jackson, el proyecto de ley A1715 es la última de una serie de medidas que los demócratas de la Asamblea han adoptado para ampliar los derechos democráticos y la participación de los votantes.

"En las últimas elecciones, hemos observado un aumento preocupante de las amenazas a la democracia estadounidense, ya que los derechos electorales se enfrentan a un nivel de escrutinio no visto desde la aprobación de la Ley de Derecho al Voto de 1965", afirmó la asambleísta Reynolds-Jackson (demócrata por Hunterdon, Mercer) en un comunicado de prensa. "Cuando quienes están en el poder sienten que su posición se ve amenazada, sus acciones pueden volverse cada vez más impredecibles, una dinámica que estamos observando con el Gobierno de Trump. Esto hace que la aprobación de la Ley John R. Lewis de Empoderamiento de los Votantes sea más importante que nunca".

La asambleísta Reynolds-Jackson señaló que el Proyecto de Ley A1715 fomentaría la máxima participación de los votantes con derecho a voto, contribuyendo a garantizar que tengan acceso a la votación sin obstáculos ni limitaciones.

El actual Gobierno federal está impulsando la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses, o Ley SAVE, cuyo objetivo es garantizar que únicamente los ciudadanos participen en las elecciones federales, a pesar de que la Constitución ya prohíbe el voto de las personas que no son ciudadanas. En lugar de reforzar la integridad electoral, la legislación federal obligaría a los estados a compartir sus padrones electorales con el Departamento de Seguridad Nacional, cotejándolos con la ciudadanía federal a través de una base de datos que actualmente es objeto de una demanda por haber identificado erróneamente a algunos ciudadanos como no ciudadanos. Además, limitaría considerablemente la votación por correo, lo que dejaría sin representación a muchos ciudadanos, entre ellos a los residentes en zonas rurales, a los trabajadores con horarios inflexibles y a los votantes con problemas de movilidad.

El Proyecto de Ley A1715 tiene tres objetivos principales: proteger el derecho de los votantes a que su voto sea emitido y contado; garantizar que los votantes con derecho a voto no se vean perjudicados al inscribirse para votar; y garantizar que los votantes pertenecientes a grupos minoritarios por motivos de raza, color o idioma tengan un acceso equitativo para participar plenamente en el proceso electoral, tanto en la inscripción para votar como en la votación. El proyecto de ley contribuiría a crear una División de Derechos Electorales independiente para supervisar la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones del proyecto de ley y de las leyes electorales del estado.

El proyecto de ley rinde homenaje al legado del difunto congresista John R. Lewis, quien da nombre al proyecto de ley y contribuyó a allanar el camino para la Ley de Derecho al Voto de 1965. El proyecto de ley honraría su labor y la de muchos otros defensores al reforzar las protecciones contra la dilución y la supresión del derecho al voto mediante la creación de un proceso de autorización previa, a través del cual las localidades con antecedentes de discriminación o que cumplan determinados factores deben solicitar una autorización previa para realizar cambios en su proceso electoral y de votación.

Además, la ley encargaría a la División de Elecciones del Departamento de Estado de Nueva Jersey la gestión de una base de datos central de información electoral y de votación, accesible al público, procedente de las oficinas electorales locales y de las subdivisiones políticas de todo el estado. Esto incluiría información como los resultados de las elecciones, la ubicación de los centros de votación y los planes de distritos o de redistribución de distritos. Asimismo, exigiría el acceso o la asistencia lingüística para idiomas distintos del inglés que cumplan determinados criterios.