Aprueban en Nueva Jersey ley para proteger el voto ante medidas de Trump

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 1 de abril de 2026. Ante el creciente escrutinio nacional sobre los derechos de voto y los esfuerzos a nivel federal por restringir el derecho al voto, la Asamblea General de Nueva Jersey aprobó la Ley John R. Lewis de Empoderamiento del Votante de Nueva Jersey. Patrocinado por la asambleísta Berlina Reynolds-Jackson, el proyecto de ley A1715 es la última de una serie de medidas que los demócratas de la Asamblea han adoptado para ampliar los derechos democráticos y la participación de los votantes.

“A lo largo de las últimas elecciones, hemos sido testigos de una amenaza creciente y alarmante a la democracia estadounidense, mientras los derechos de voto se enfrentan a un nivel de escrutinio sin precedentes desde la aprobación de la Ley del Derecho al Voto de 1965”, dijo la asambleísta Reynolds-Jackson (D-Hunterdon, Mercer) en un comunicado de prensa.  Cuando los que están en poder sienten que su posición se ve amenazada, sus acciones pueden volverse cada vez más impredecibles, un dinámico que estamos viendo suceder con la administración de Trump. Esto hace el avance de la Ley John R. Lewis de Empoderamiento del Votante más crucial que nunca.”

Asambleísta Reynolds-Jackson señaló que el proyecto de ley A1715 fomentaría la máxima participación de los votantes con derecho a voto, contribuyendo a garantizar que puedan votar sin obstáculos ni limitaciones. 

El actual Gobierno federal está avanzando la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses, conocida como Ley SAVE, cuyo objetivo es garantizar que solo los ciudadanos participen en las elecciones federales, aunque el voto de los no ciudadanos ya está prohibido por la Constitución. En vez de reforzar la integridad electoral, la legislación federal obligaría a los estados a compartir sus censos electorales con el Departamento de Seguridad Nacional, con los registros federales de ciudadanía a través de una base de datos que actualmente es objeto de una demanda por haber identificado erróneamente a algunos ciudadanos como no ciudadanos. Además, limitaría considerablemente el voto por correo, dejando sin representación a muchos ciudadanos, entre ellos los residentes de zonas rurales, los trabajadores con horarios poco flexibles y los votantes con dificultades de movilidad.

El proyecto de ley A1715 tiene tres objetivos: proteger los derechos de votantes a que su voto sea emitido y contado; garantizar que los votantes con derecho a votar no tengan impedimentos para inscribirse en el censo electoral; además, garantizar que los votantes de raza, color, lengua y los grupos minoritarios tengan un acceso equitativo para participar plenamente en el proceso electoral, tanto en la inscripción en el censo electoral como en la votación. El proyecto de ley contribuiría a la creación de una División de Derechos Electorales independiente encargada de supervisar la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones del proyecto de ley y de la legislación electoral estatal.

“En los últimos siete años, demócratas de la Asamblea han defendido la legislación sobre el derecho al voto, ampliando el acceso al voto por correo, creando oportunidades por voto anticipado en persona y restablecimiento del derecho al voto para las personas que han cumplido condenas”, añadió la asambleísta Reynolds-Jackson.  “Pero en los últimos esfuerzos federales, incluido el llamamiento para las elecciones nacionales y las redadas de las oficinas electorales, se han suscitado preocupaciones legítimas para mí y otros legisladores sobre la participación del gobierno federal en el proceso electoral”.

El proyecto de ley rinde homenaje al legado del difunto congresista John R. Lewis, cuyo nombre lleva el proyecto, quien ayudó a allanar el camino para la Ley de Derechos Electorales de 1965. Rendiría homenaje a su labor y a la de muchos otros defensores al reforzar las protecciones contra la dilución y la supresión del voto mediante la creación de un proceso de autorización previa, a través del cual las localidades con antecedentes de discriminación o que cumplan ciertos criterios deberán solicitar una autorización previa para realizar cambios en sus procesos electorales y de votación. 

Además, la legislación dirigiría el Departamento Electoral dentro del Departamento de Estado de Nueva Jersey para mantener una base de datos central sobre los datos electorales y de votación, abierta al público, de las oficinas electorales locales y subdivisiones políticas a lo largo del estado. Este incluiría dicha información como resultados electorales, ubicación de los colegios electorales y distrito y planes de redistribución de distritos. También, requeriría acceso en diferentes idiomas o asistencia por idiomas en lugar de inglés que cumplan criterios específicos.