Impulsa Nueva Jersey medidas para apoyar a productores de alcohol
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 27 de octubre de 2026.- Legisladores de Nueva Jersey analizaron las preocupaciones sobre la privacidad y las medidas de seguridad relacionadas con el uso de lectores automáticos de matrículas por parte de las fuerzas del orden, durante una audiencia pública del Comité de Seguridad Pública y Preparación de la Asamblea estatal.
La discusión se centró en el proyecto de ley A5637, presentado por el asambleísta demócrata Joe Danielsen, presidente del comité, que busca regular el uso de los datos recopilados mediante la tecnología de reconocimiento automático de matrículas (ALPR).
Durante la audiencia, representantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la Oficina del Defensor Público de Nueva Jersey, organizaciones de políticas públicas y la Policía Estatal expusieron sus puntos de vista sobre el uso de estas herramientas.
Entre las preocupaciones planteadas figuró la posibilidad de que los datos recopilados se utilicen para rastrear a personas indocumentadas o a quienes viajan para recibir servicios de salud reproductiva, incluido el aborto. Representantes de la Fiscalía General y de las fuerzas del orden, por su parte, señalaron las salvaguardias existentes para regular el uso de esta tecnología y prevenir posibles abusos.
“A medida que estas herramientas siguen evolucionando, las medidas de seguridad son fundamentales para mantener la confianza pública”, afirmó Danielsen.
El legislador también destacó la importancia de la transparencia para que la ciudadanía comprenda cómo se utiliza esta tecnología y qué protecciones existen.
“La transparencia debe ser clara, abierta y significativa”, agregó.
El comité también avanzó otras iniciativas relacionadas con el uso de tecnologías emergentes en las investigaciones policiales.
Entre ellas figura el proyecto de ley A5423, patrocinado por Danielsen, que prohibiría utilizar la tecnología de reconocimiento facial como única base para establecer la causa probable necesaria para obtener una orden de arresto.
Las propuestas abordan el equilibrio entre las herramientas tecnológicas utilizadas por las autoridades para investigar delitos y la protección de los derechos individuales.




