Castigan ataques contra propiedades del primer ministro británico

TRENTON, Nueva Jersey, Estados Unidos, 16 de junio de 2026.- Un tribunal penal de Londres declaró culpables a un ciudadano ucraniano y a otro rumano por provocar incendios en propiedades y un vehículo vinculado al primer ministro británico, Keir Starmer.

Los ataques ocurrieron durante mayo de 2025 y fueron coordinados mediante la aplicación de mensajería Telegram por un operador remoto conocido como El Money, a quien investigaciones periodísticas relacionan con organizaciones de piratas informáticos afines a Rusia.

Tanto Roman Lavrynovych, de 22 años, como Stanislav Carpiuc, de 27 años, ejecutaron los atentados de madrugada a cambio de un pago de tres mil libras en criptomonedas, comprometiendo la seguridad de los residentes que dormían en los inmuebles.

La policía antiterrorista del Reino Unido determinó que los autores materiales actuaron motivados por beneficios económicos y carecían de fundamentos ideológicos para cometer los delitos. El plan delictivo incluyó la destrucción de un automóvil en el barrio de Kentish Town y afectaciones a dos viviendas, una de las cuales estaba ocupada por la cuñada del mandatario, Judith Alexander, y sus familiares al momento del siniestro.

Los implicados registraron las acciones en video para cumplir con las exigencias del organizador extranjero, quien requería la difusión del material para generar un impacto en los medios de comunicación, aunque las grabaciones resultaron deficientes.

El proceso judicial en la corte de Old Bailey desestimó los cargos contra un tercer sospechoso, mientras que el coordinador de la operación evadió la captura de las autoridades. La fiscalía expuso que las instrucciones precisas para la manipulación de sustancias inflamables y la localización de los objetivos civiles se transmitieron de forma digital.

A pesar de los vínculos señalados hacia redes informáticas externas, los investigadores de la nación europea no reunieron los elementos de prueba necesarios para formalizar una acusación por conspiración estatal contra el gobierno ruso, cuyo mandatario rechazó cualquier nexo con los incidentes.