Dictan prisión domiciliaria para el hijo de la princesa Mette-Marit
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 13 de julio de 2026.- El primer ministro Keir Starmer confirmó este lunes 13 de julio que el Ejecutivo británico iniciará el procedimiento legal para designar oficialmente como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Esta medida, argumentada por las autoridades bajo criterios de seguridad nacional, contempla la aplicación de penas privativas de libertad para cualquier integrante vinculado a esta estructura. El anuncio fue realizado durante una reunión con representantes de la comunidad judía en Downing Street, donde se expuso la necesidad de frenar las operaciones que el aparato de seguridad iraní ejecuta mediante grupos intermediarios y redes delictivas en suelo británico.
La estrategia gubernamental trasciende el caso iraní, abarcando una propuesta de reglamento que será sometida a votación parlamentaria próximamente. Dicho proyecto de ley contempla la proscripción inmediata de otras dos entidades consideradas riesgosas para la estabilidad interna: el Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha y el Cuerpo de Voluntarios perteneciente a la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.
Con estos movimientos clausurarían las capacidades de actuación de organizaciones extranjeras que mantienen, de acuerdo a la inteligencia local, un historial de hostilidades contra individuos y objetivos estratégicos dentro del Reino Unido.
La aprobación de esta iniciativa legislativa otorgará facultades sin precedentes a los órganos de seguridad para desarticular las redes operativas de estos grupos. El Gobierno espera que, mediante la ratificación parlamentaria, se establezca un marco coercitivo claro para procesar a quienes colaboren o integren las organizaciones señaladas.
Por su parte, la administración de Starmer mantiene firme su postura de combatir cualquier amenaza externa que ponga en riesgo la integridad nacional, garantizando que el aparato estatal cuente con las herramientas jurídicas necesarias para limitar el alcance de las actividades de estas fuerzas en territorio británico.




