Instan fiscales a proteger a titulares de TPS y ampliar beneficios

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 22 de julio de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se unió a una coalición de 18 fiscales generales que exhortan al Congreso a extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos y aprobar legislación que permita la supervisión judicial de las decisiones relacionadas con este programa, con el fin de evitar deportaciones ilegales.

En una carta enviada a la dirigencia del Congreso, la coalición advierte que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que permitió a la administración Trump avanzar con la eliminación del TPS para cientos de miles de inmigrantes haitianos y sirios, pone en riesgo a cerca de 350 mil haitianos que han vivido y trabajado durante años en el país, especialmente en Nueva York, donde reside una de las comunidades haitianas más grandes.

Los fiscales señalan que las condiciones violentas e inestables en Haití cumplen con los requisitos para mantener las protecciones del TPS.

También destacan las contribuciones económicas y sociales de los beneficiarios haitianos, quienes ocupan puestos esenciales en el sector sanitario y aportan cinco mil 900 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, además de mil 600 millones en impuestos.

La coalición advierte que impedir la revisión judicial de las terminaciones del TPS abre la puerta a abusos de poder y deja a los inmigrantes vulnerables sin vías legales para impugnar decisiones abruptas. Por ello, instan al Congreso a aprobar legislación que garantice supervisión judicial y establezca rutas hacia la residencia legal para los titulares del programa.

La carta fue firmada por fiscales generales de Arizona, California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y el Distrito de Columbia.

La fiscal general James ha encabezado múltiples acciones legales para defender el TPS, incluyendo escritos amicus ante tribunales federales y el Tribunal Supremo en apoyo a inmigrantes haitianos, sirios, hondureños, nicaragüenses, nepalíes y venezolanos.