Confirma tribunal continuidad de política de deportación acelerada

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 23 de junio de 2026.- Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos permitió este martes que continúe la política de deportación acelerada impulsada por la administración del presidente Donald Trump, una medida que amplía a nivel nacional los procedimientos expeditos de expulsión para inmigrantes sin estatus legal.

La decisión fue emitida por la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que revocó una orden judicial previa que había bloqueado temporalmente la aplicación de la medida. Con una votación de 2-1, la mayoría de los magistrados concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede aplicar el mecanismo en la máxima extensión permitida por el Congreso.

La política, anunciada en enero de 2025, permite someter a deportación acelerada a personas detenidas en cualquier parte del país que no puedan demostrar una permanencia continua de al menos dos años en territorio estadounidense. Antes de esa ampliación, el procedimiento se utilizaba principalmente en zonas cercanas a la frontera y poco tiempo después del ingreso al país.

Tras conocerse el fallo, la organización Make the Road New York, demandante en el caso, expresó su desacuerdo. La subdirectora de la agrupación, Yaritza Méndez, afirmó que la resolución no es el final del camino y sostuvo que la medida podría derivar en deportaciones erróneas y afectar el debido proceso de miles de inmigrantes, según detalla un comunicado de prensa.

"El fallo de hoy no es el que esperábamos, pero tampoco es el final del camino. El intento del gobierno de Trump de ampliar la deportación acelerada es solo uno de los muchos ataques que las comunidades inmigrantes enfrentan a diario. De permitirse que siga adelante, socavaría gravemente el debido proceso y daría lugar a innumerables deportaciones injustas o erróneas, destrozando familias para siempre. Los inmigrantes neoyorquinos —y personas de todo el país— solo intentan vivir sus vidas sin miedo. Nuestras comunidades han demostrado una resiliencia y valentía extraordinarias frente a estas amenazas, y seguiremos luchando junto a ellas", declaró Méndez.

La demanda fue presentada en enero de 2025 con el respaldo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de derechos civiles, que argumentan que la expansión del programa reduce las garantías procesales de las personas sujetas a expulsión.