Sanciona EU a corporaciones y parientes del régimen cubano

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 23 de junio de 2026.- El Departamento de Estado anunció la implementación de un nuevo bloque de sanciones dirigidas a cinco entidades comerciales y a una integrante de la familia Castro, acusados de generar ingresos para sostener el aparato de seguridad gubernamental en Cuba. La medida impulsada por el secretario Marco Rubio busca restringir el flujo de capitales que la administración caribeña utiliza para financiar operaciones de control social.

El expediente oficial detalla que tres de las corporaciones penalizadas mantienen vínculos directos con el Grupo de Administración Empresarial, conocido por sus siglas como GAESA, un conglomerado controlado por la cúpula militar de la isla. Las autoridades norteamericanas identificaron a dos instituciones financieras y a una compañía de logística encargadas de movilizar recursos monetarios y bienes materiales para consolidar las directrices de los mandos estatales.

La disposición federal también contempló restricciones operativas para la empresa estatal GeoMinera y otra entidad enfocada en la extracción y comercialización de reservas metálicas. En el ámbito personal, el departamento diplomático agregó a la lista de personas bloqueadas a la esposa de Alejandro Castro Espín, quien ya enfrentaba medidas punitivas previas emitidas bajo las normativas de la Casa Blanca.

Los dictámenes anunciados se amparan en la orden ejecutiva 14404 promulgada a principios de mayo, la cual faculta al poder ejecutivo para castigar económicamente a quienes representen un riesgo para la seguridad nacional. El secretario Rubio argumentó en su declaratoria que GAESA funge como el principal vector de enriquecimiento para las élites, desviando el dinero hacia tareas de "represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje en lugar de escuelas, plantas eléctricas y necesidades básicas para el pueblo cubano".

El mandato estadounidense establece una advertencia estricta para las instituciones bancarias extranjeras y redes empresariales internacionales, exigiéndoles suspender de inmediato cualquier transacción comercial con los entes señalados. Las corporaciones privadas que decidan proveer servicios a esta red operativa asumen el riesgo de enfrentar bloqueos y procedimientos punitivos directos sobre sus propios capitales.