Impugnan fiscales política federal de detención indefinida de migrantes
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 4 de septiembre de 2025.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, lideró una coalición de 20 fiscales generales en la presentación de un amicus curiae que impugna una nueva política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cual ordena la detención indefinida de inmigrantes indocumentados sin acceso a una audiencia de fianza.
De acuerdo con un comunicado, el escrito, presentado ante la Corte en el caso Bautista v. Noem, argumenta que esta reinterpretación de la ley migratoria viola el debido proceso, contradice estatutos federales y genera impactos negativos en familias, comunidades y economías estatales.
“El DHS está intentando reescribir la ley migratoria y eliminar protecciones constitucionales básicas”, advirtió James. “El gobierno federal no puede ignorar la ley ni amenazar los valores de nuestra nación”.
Durante décadas, los inmigrantes en proceso de deportación podían solicitar una audiencia de fianza. La nueva política elimina ese derecho para quienes ingresaron sin inspección, ordenando su detención prolongada sin considerar circunstancias individuales. Muchos han vivido en Estados Unidos por años y ahora enfrentan confinamiento en instalaciones superpobladas e insalubres.
La coalición advierte que esta medida podría afectar a millones de personas, profundizando el temor entre familias inmigrantes, limitando el acceso a servicios básicos y debilitando la seguridad pública.
También recalca el impacto económico, los indocumentados representan cerca del 5 por ciento de la fuerza laboral y contribuyen con miles de millones en impuestos y consumo.
Su detención masiva interrumpe sectores clave como agricultura y construcción.
Además, los fiscales destacan el costo para los contribuyentes. En 2024, la detención migratoria superó los 3.4 mil millones, mientras que el programa de Alternativas a la Detención cuesta menos de 4.20 dólares por día y mantiene tasas similares de comparecencia judicial.
La política también dificulta el acceso a representación legal, especialmente cuando los detenidos son trasladados a centros remotos. Esto reduce sus posibilidades de obtener alivio migratorio, incluso si cumplen con los requisitos legales.
La coalición solicita a la Corte un juicio sumario parcial que anule la política del DHS, por considerarla ilegal e inconstitucional. Participan fiscales generales de 19 estados y el Distrito de Columbia.
