
Aumenta preocupación por posibles redadas de ICE en Maratón de Chicago
PATERSON, Nueva Jersey, EU, 15 de octubre de 2025.- En un momento en que los procesos de deportación en Estados Unidos alcanzan niveles no vistos en casi una década, cada vez más inmigrantes se enfrentan al dilema de autodeportarse o esperar una resolución judicial.
Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), hasta marzo de 2025 los jueces de inmigración habían emitido más de 470 mil órdenes de remoción o salidas voluntarias, mientras que ICE mantiene a más de 59 mil personas bajo custodia, de las cuales más del 70 por ciento no tienen condenas penales. A nivel nacional, las deportaciones aumentaron un 38 por ciento en 2024, superando las 270 mil expulsiones, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En este contexto, la abogada Ileana Montes, subdirectora de la organización sin fines de lucro IACO (Immigration and American Citizenship Organization), explicó que autodeportarse no siempre representa una ventaja legal y que cada caso debe ser evaluado con asesoría profesional.
Montes explicó que autodeportarse implica salir del país voluntariamente, sin esperar una detención ni una orden judicial.
“La persona toma su equipaje y se va. Es una salida pacífica, sin el trauma de un arresto o la separación forzosa de la familia”, detalló.
Sin embargo, aclaró que salir del país voluntariamente no garantiza un regreso futuro.
“Si una persona sale sin tener un familiar directo, padre, esposo o hijo ciudadano o residente, que pueda solicitarla legalmente, no podrá regresar, aunque haya salido por voluntad propia”, advirtió.
En casos donde sí exista un familiar que pueda hacer la petición, la ley establece una penalidad de tres años antes de solicitar nuevamente una visa, a menos que se tramite un indulto por daño extremo. Por el contrario, quienes reciben una orden formal de deportación enfrentan una prohibición de ingreso de hasta diez años, o incluso permanente, si tienen antecedentes penales graves.
Montes también recordó que los antecedentes penales, aunque sean borrados (“expurgados”) a nivel estatal, no desaparecen ante inmigración.
“Las huellas dactilares son permanentes. No importa si fue hace cinco o cincuenta años, inmigración sabrá que hubo un arresto o condena. La buena conducta es la base de cualquier caso de reintegración o beneficio migratorio”, recalcó.
La abogada instó a los inmigrantes a buscar asesoramiento legal antes de tomar cualquier decisión, y reiteró que cada caso debe evaluarse individualmente. “Autodeportarse sin orientación puede cerrar puertas para siempre”, concluyó.