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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 15 de septiembre de 2026.- La empresa Abbott Laboratories, con sede en Illinois, acordó pagar más de 384 millones dólares para resolver acusaciones federales y estatales relacionadas con la fabricación de fórmula infantil en polvo y productos de terapia nutricional que no cumplían los requisitos legales y contractuales entre 2018 y 2022 en sus instalaciones de Sturgis (Michigan) y Casa Grande (Arizona).
El Departamento de Justicia informó este 14 de septiembre que Abbott obligó a programas gubernamentales a adquirir productos fabricados en condiciones que representaban un riesgo de contaminación por microorganismos, afectando la calidad, seguridad y fiabilidad de la fórmula infantil financiada con recursos públicos.
La denuncia, presentada en noviembre de 2025, señaló que la empresa produjo y distribuyó estos artículos pese a conocer fallas graves en sus procesos.
Entre las deficiencias documentadas se incluyen filtraciones constantes en el techo de la planta de Sturgis, que provocaban goteos sobre el equipo, y el uso de soluciones temporales como paraguas para desviar el agua.
La investigación también reveló que Abbott continuó utilizando secadores dañados, con grietas y hoyos que incrementaban el riesgo de contaminación, y que extendió los ciclos de producción para aumentar la salida de lotes sin realizar las limpiezas necesarias.
La denuncia afirma además que la empresa evitó pruebas de crecimiento bacteriano para no obtener resultados positivos y que, en casos donde sí se detectó contaminación, omitió reportar los hallazgos a la FDA durante inspecciones en 2019 y 2022.
El acuerdo civil establece que Abbott pagará 348,7 millones de dólares al gobierno federal por violaciones a la False Claims Act, y 36,2 millones adicionales a estados afectados a través de programas Medicaid y WIC.
Funcionarios del Departamento de Justicia, el USDA y la OIG calificaron la resolución como un mensaje claro sobre la innegociable seguridad del suministro alimentario infantil en Estados Unidos.
“Este comportamiento es imperdonable y no será tolerado”, señalaron.
El caso fue gestionado por la División Civil del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Oeste de Michigan, con apoyo del USDA Office of Inspector General. Las reclamaciones resueltas son alegaciones y no se ha determinado responsabilidad.




