Supera brote de Cyclospora los 11 mil casos en 20 estados de EU
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 29 de agosto de 2026.- El Departamento de Justicia (DOJ) presentó demandas contra Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington, con el objetivo de frenar la aplicación de leyes estatales que permiten otorgar matrícula estatal y asistencia financiera a inmigrantes sin estatus legal.
Las acciones legales elevan a 21 el número de leyes estatales impugnadas por el gobierno federal en relación con beneficios educativos, detalla un comunicado del DOJ.
Las demandas sostienen que estas normas entran en conflicto con la legislación federal al exigir que universidades y colegios públicos otorguen tarifas de residente a cualquier extranjero que mantenga domicilio en el estado, sin considerar su situación migratoria.
El Departamento de Justicia argumenta que estas disposiciones generan un trato desigual para ciudadanos estadounidenses y contradicen restricciones establecidas por el Congreso.
Los documentos judiciales señalan que, en el caso de Arizona, un informe del Centro de Periodismo de Investigación del estado estimó que más de tres mil 600 inmigrantes sin estatus legal podrían acceder a matrícula estatal cada año.
El mismo reporte indica que, en el semestre de otoño de 2025, al menos 720 estudiantes en esta condición recibieron tarifas de residente, incluidos 432 en la Universidad Estatal de Arizona. Según la denuncia, la diferencia entre matrícula estatal y matrícula de fuera del estado habría representado aproximadamente 10,5 millones de dólares en reducciones solo en la Arizona State University (ASU).
Las demandas buscan impedir que los cuatro estados continúen aplicando leyes y regulaciones que otorgan beneficios educativos a inmigrantes sin estatus legal, incluyendo becas y ayudas financieras. El Departamento de Justicia indicó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que ya ha derivado en fallos favorables en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois, donde tribunales han bloqueado medidas similares.
Procesos adicionales permanecen abiertos en otros estados, entre ellos Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, Colorado, Nueva York, Connecticut y Vermont.
Las autoridades recordaron que todas las demandas presentadas son procedimientos civiles y que corresponde a los tribunales determinar la validez de las leyes estatales impugnadas.




