Asignan 175 millones de dólares para defensa legal de inmigrantes en NY

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 10 de marzo de 2026.- Legisladores en Albany atendieron las exigencias de organizaciones civiles al proponer una inversión de 175 millones de dólares destinados exclusivamente a programas de asesoría jurídica para la población inmigrante. Este monto forma parte de una partida presupuestaria mayor, que supera los 183 millones de dólares, proyectada para robustecer los servicios sociales y legales de extranjería en el estado de Nueva York durante el año fiscal 2027.

La Coalición CARE para Familias Inmigrantes calificó la decisión como un acto de convicción ante el panorama de detenciones y los miles de expedientes que permanecen acumulados en las cortes migratorias. De acuerdo con los defensores de los derechos civiles, estos recursos resultan vitales para garantizar el debido proceso de niños y adultos que enfrentan procesos de deportación en un entorno político complejo.

A través de un comunicado, la coalición destacó que la medida reconoce el papel fundamental de la representación legal para dar estabilidad a las comunidades en todo el territorio estatal.

"Esta inversión demuestra que, ante los ataques federales, Nueva York no se quedará de brazos cruzados y, en cambio, defenderá a los inmigrantes neoyorquinos", manifestó la organización tras conocerse el desglose del presupuesto unifamiliar.

La propuesta busca asegurar que ninguna persona deba enfrentar un tribunal de inmigración sin el acompañamiento de un profesional, especialmente cuando el sustento de familias enteras depende de la resolución de estos casos.

Los promotores de la iniciativa señalaron que contar con abogados especializados no solo protege los derechos individuales, sino que también agiliza el sistema judicial al evitar irregularidades procesales.

El plan de trabajo ahora se enfoca en que la legislatura y la gobernación colaboren para concretar la implementación de estos fondos. Además de la millonaria asignación, los activistas mantienen la presión para que se aprueben normativas complementarias, como la Ley de Acceso a la Representación y la Ley BUILD, con la meta de establecer un sistema de apoyo permanente para cualquier residente en riesgo de expulsión del país.