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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 13 de mayo de 2026.- La jueza federal Sherilyn Peace Garnett dictó este miércoles una sentencia de dos años de cárcel contra Erik Fleming, de 56 años, por su responsabilidad en el suministro de las dosis de ketamina que provocaron el deceso del actor Matthew Perry.
El implicado, quien ejercía como consejero en adicciones, admitió ante un tribunal de Los Ángeles haber distribuido la sustancia al protagonista de la serie Friends en octubre de 2023. Durante la audiencia, el sentenciado calificó lo sucedido como una pesadilla constante derivada de sus decisiones previas, mientras que la autoridad judicial ordenó su entrega voluntaria en un lapso de 45 días, sumando además tres años de libertad condicional a su condena en Estados Unidos.
Fleming se convirtió en el cuarto acusado en recibir sentencia dentro de este proceso legal, tras haber facilitado información clave que permitió identificar a Jasveen Sangha, conocida como la Reina de la Ketamina. De acuerdo con los testimonios presentados por la fiscalía, el consejero contactó a Perry con Sangha y participó en la entrega de 25 viales de la droga por un monto de seis mil dólares apenas cuatro días antes de la sobredosis fatal.
Aunque la defensa argumentó que el acusado carecía de antecedentes penales y cooperó activamente con las investigaciones, el Ministerio Público sostuvo que su perfil profesional agravaba la falta, al vender sustancias ilegales a una persona que enfrentaba una lucha pública contra la dependencia.
Como se recuerda, la muerte del intérprete de 54 años, ocurrida en el jacuzzi de su residencia, fue provocada por los efectos agudos del anestésico, según determinó el informe del médico forense en su momento. Las investigaciones revelaron que Fleming obtenía el narcótico, incrementaba su precio para lucrar con la transacción y lo entregaba al asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa.
Se espera que Iwamasa sea el último de los cinco involucrados en comparecer para recibir su sentencia definitiva en aproximadamente dos semanas. Este caso ha generado una amplia discusión sobre la seguridad en el uso de tratamientos alternativos y la vulnerabilidad de figuras públicas frente a redes de tráfico de medicamentos controlados.




