Reúnen más de 20 millones de firmas para excluir a Argentina del Mundial
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 23 de julio de 2026.- La Justicia de Estados Unidos amplió una investigación sobre la estructura financiera utilizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para administrar sus contratos comerciales en el extranjero y ordenó nuevas citaciones para recabar documentos y comunicaciones relacionadas con la empresa TourProdEnter LLC, una firma radicada en Florida.
De acuerdo con documentos judiciales difundidos por medios argentinos, la Corte Federal para el Distrito Sur de Florida citó a un tercero para comparecer ante un gran jurado el próximo 30 de julio y entregar información sobre TourProdEnter, incluidas comunicaciones con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.
La AFA rechazó las versiones que aseguraban que Tapia o Toviggino fueron citados personalmente o que agentes del FBI les incautaron teléfonos celulares en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York tras la participación de la selección argentina en el Mundial 2026. En un comunicado firmado por su abogado, Gregorio Dalbón, la entidad afirmó que es absolutamente falso que sus principales dirigentes hayan sido convocados a declarar o que se hayan confiscado dispositivos electrónicos.
La pesquisa se centra en TourProdEnter LLC, empresa designada por la AFA como agente para gestionar ingresos internacionales provenientes de patrocinios, derechos comerciales y partidos amistosos.
Según investigaciones periodísticas y registros judiciales, fiscales federales analizan movimientos financieros superiores a 300 millones de dólares realizados a través del sistema bancario estadounidense para determinar si existieron posibles delitos bajo la legislación de ese país.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado cargos penales contra Tapia, Toviggino ni otros directivos vinculados con la investigación.
El caso se desarrolla mediante un gran jurado federal, un procedimiento habitual en Estados Unidos para evaluar pruebas y testimonios antes de decidir si corresponde formular acusaciones formales. El FBI declinó hacer comentarios sobre la investigación, mientras el Departamento de Justicia tampoco ha informado públicamente sobre eventuales imputaciones.




