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Texas desata la cacería, migrar ya es tratado como crimen

Texas ha dado un paso que redefine, de forma drástica, su política migratoria: con el aval judicial a la ley SB4, la policía estatal ya puede detener y expulsar a personas migrantes bajo simple sospecha de estancia irregular.

La medida, que entró en vigor de inmediato tras el fallo de un tribunal de apelaciones, se aplica en un contexto donde los arrestos de extranjeros sin antecedentes penales han aumentado un 770 por ciento y las detenciones en la vía pública más de mil por ciento, según datos del Deportation Data Project.

Lejos de enfocarse en delitos graves, la nueva dinámica apunta directamente a personas cuya única falta es su condición migratoria. La ley convierte la entrada irregular en un crimen estatal con penas de hasta seis meses de cárcel —y hasta 20 años en casos de reincidencia—, al tiempo que otorga a autoridades locales facultades para arrestar, procesar y expulsar migrantes, una atribución que históricamente ha sido exclusiva del gobierno federal.

Organizaciones como American Gateways y Las Americas Immigrant Advocacy Center han advertido que la norma vulnera derechos fundamentales, particularmente el acceso al asilo, y abre la puerta a prácticas discriminatorias. El criterio de “sospecha” deja margen a detenciones arbitrarias que, en la práctica, pueden traducirse en perfiles raciales contra comunidades hispanas.

En ese mismo sentido, #FuerzaMigrante como plataforma binacional hace eco de muchas organizaciones migrantes mexicanas que promueven los derechos, la participación cívica y el reconocimiento del aporte de los mexicanos en Estados Unidos, y en definitiva su visión choca frontalmente con una política que criminaliza la migración y la reduce a un problema de seguridad.

Para este tipo de organizaciones, el incremento desproporcionado de arrestos —especialmente de personas sin antecedentes— no es una estrategia de orden, sino un mecanismo de persecución que alimenta la discriminación y el miedo. La lógica de la “sospecha” institucionaliza el perfilamiento racial y debilita el tejido comunitario, al inhibir la participación y empujar a miles de personas a la invisibilidad. En lugar de integrar, la política actual expulsa; en lugar de garantizar derechos, los restringe.

El trasfondo político es claro. La ley fue impulsada en medio del choque entre Texas y la administración del otrora presidente estadounidense Joe Biden por el manejo de la frontera, pero hoy se implementa bajo el gobierno de Donald Trump, que ha cambiado el enfoque hacia operativos masivos dentro del país. En paralelo, el gobernador Greg Abbott presiona a ciudades como Houston, Dallas y Austin para reforzar la colaboración con autoridades migratorias, pese al rechazo de sectores ciudadanos.

El resultado es una política que prioriza la detención sobre el debido proceso y que convierte la migración en un objetivo de persecución. Más que una estrategia de control, lo que emerge es un modelo que pone en tensión los límites legales, los derechos humanos y el papel mismo del Estado frente a una población vulnerable.

ABRAZO FUERTE