Denuncia fiscal opacidad de ICE y DHS en plan en Roxbury

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 23 de marzo de 2026.- La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, acusó a ICE y al DHS de imponer una compra secreta y de eludir obligaciones legales al impulsar la conversión de un almacén en Roxbury en un centro de detención masiva sin consulta previa con autoridades estatales y locales.

La funcionaria, quien interpuso una demanda con la gobernadora Mikie Sherrill contra ICE, indicó que las leyes federales exigen coordinación intergubernamental en proyectos de gran impacto, lo cual —dijo— fue ignorado por las agencias federales, refiere un comunicado de prensa.

Davenport afirmó que la demanda busca hacer cumplir la ley y frenar un proyecto que calificó de desacertado, al considerar que no atiende preocupaciones clave sobre infraestructura, medio ambiente y seguridad pública.

Señaló que el plan se ejecutó de forma acelerada y sin transparencia, lo que impidió evaluar adecuadamente sus consecuencias para la comunidad.

La fiscal destacó que el estado y el municipio de Roxbury actuaron de manera conjunta para defender sus derechos y proteger a los residentes ante posibles afectaciones. Según explicó, el proyecto podría sobrecargar servicios básicos como agua y alcantarillado, además de generar riesgos en la zona por el aumento de tráfico y presión sobre recursos locales.

"Las leyes federales exigen que el DHS y el ICE consulten con el estado y el municipio sobre los proyectos importantes que se desarrollen en su territorio. En cambio, el DHS y el ICE están imponiendo una compra secreta y una renovación apresurada. No permitiremos que estos planes desacertados se lleven a cabo. Nos hemos asociado con el municipio de Roxbury, confiando en su conocimiento local fundamental y combinando eficientemente nuestros recursos para esta importante lucha bipartidista". declaró la fiscal.

También advirtió que la falta de análisis ambiental y de participación de autoridades locales podría violar diversas leyes federales, entre ellas normas de procedimiento administrativo y protección ambiental. En ese sentido, sostuvo que no permitirán que el plan avance sin cumplir con los requisitos legales establecidos.

Davenport reiteró que esta acción legal responde a la necesidad de garantizar transparencia, respeto institucional y protección comunitaria, al tiempo que confió en que el proceso judicial detenga la implementación del centro de detención en Roxbury.