Declaran a Perú en rebeldía en Estados Unidos por deuda de 91 mdd
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 29 de diciembre de 2025.- La justicia federal de Estados Unidos declaró al Estado peruano en situación de rebeldía procesal tras acumular más de un año sin liquidar un laudo arbitral internacional. La resolución judicial responde al impago de 91 millones de dólares a favor del consorcio Kuntur Wasi, empresa que anteriormente ostentaba la concesión para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en la región de Cusco.
Richard León, juez federal del Tribunal de Columbia, detalló en un memorándum oficial que la nación sudamericana no presentó equipo legal para ejercer su defensa ante la corte neoyorquina. Perú nunca compareció ni presentó una respuesta, advirtió el magistrado el pasado 22 de diciembre, al tiempo que ratificó la validez de la sentencia emitida originalmente por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El litigio tiene su origen en 2017, año en que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidió resolver de manera unilateral el contrato de concesión otorgado en 2014. Aunque el gobierno alegó irregularidades, el tribunal del Banco Mundial calificó la terminación del vínculo como arbitraria e injustificada. Por tal motivo, en mayo de 2024 se ordenó la compensación económica que el Estado se ha negado a pagar hasta la fecha.
La orden judicial actual establece que el monto adeudado debe cubrirse junto con los intereses acumulados desde febrero de 2024. No existe incertidumbre sobre las obligaciones financieras de Perú con el demandante, subrayó el juez León, basándose en la declaración de la firma afectada que confirma la ausencia total de abonos por parte de las autoridades peruanas.
Este revés jurídico se suma a una tendencia de pérdidas en tribunales internacionales por parte de entidades gubernamentales peruanas. Casos similares, como la indemnización de 200 millones de dólares obtenida por una filial de Brookfield contra la Municipalidad de Lima, mantienen la atención de los mercados financieros sobre la capacidad del país para cumplir con sus compromisos legales derivados de arbitrajes de inversión.
