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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 2 de octubre de 2025.- La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico presentó una demanda contra el gobierno local por la presunta entrega de información confidencial de aproximadamente seis mil migrantes a agencias federales de inmigración como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Estos datos fueron obtenidos por las personas afectadas al tramitar su licencia de conducir en la isla, y las agencias federales los estarían empleando para localizar, arrestar y deportar a dichos individuos.
La acción judicial de la ACLU argumenta que esta entrega de datos es ilegal, ya que contraviene la Ley 97 de 2013 de Puerto Rico. Dicha legislación fue establecida específicamente para salvaguardar esta información sensible y prevenir su uso con propósitos migratorios o de aplicación de leyes federales de inmigración. La organización señaló que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la agencia encargada de las licencias, se negó a presentar documentos que prueben la existencia de una orden judicial que justificara la divulgación de los datos.
Según la ACLU, la demanda resalta la gravedad de este suceso, el cual sienta un precedente de riesgo. La situación deja en evidencia la capacidad del gobierno para compartir información privada de residentes con agencias de Estados Unidos (EU) sin tener que acatar las leyes locales de protección de datos ni mantener la transparencia sobre el proceso.
El litigio busca que las autoridades puertorriqueñas detengan la práctica de compartir los registros de conductores migrantes con las agencias federales, garantizando el cumplimiento de la Ley 97. La resolución de este caso determinará el alcance de la protección de la privacidad de los datos personales de los migrantes frente a las peticiones de las autoridades de EU.