Transporte y justicia social: la clave para la inclusión en NJ
PRINCETON, Nueva Jersey, 5 de junio de 2025.- En Nueva Jersey, moverse sin un automóvil propio puede convertirse en un verdadero reto. Para muchos residentes —especialmente personas con discapacidades— el transporte público no representa una solución, sino otra barrera más. Infraestructura desigual, precios altos y opciones limitadas dibujan un panorama donde la movilidad no está garantizada, sino condicionada.
“El transporte no debería ser un lujo. Es un derecho”, así lo resumió Kelly Nolan, estudiante de psicología en la Universidad Rutgers este jueves, en un evento virtual “Lunch & Learn: Equity and Transportation” que reunió a voces diversas para discutir este problema.
La conversación giró en torno a una idea clave: sin transporte accesible, no hay participación plena en la sociedad.
Junto a Nolan participaron Dani Ahearn, trabajadora social graduada de Ramapo College; Stephen Gruzlovic, presidente de la junta del Progressive Center for Independent Living; y Millie Gonzalez, presidenta de la junta del Spina Bifida Resource Network. Todos coincidieron en que la falta de opciones inclusivas no sólo limita oportunidades, también genera aislamiento, exclusión y deterioro en la salud mental y física.
Durante la discusión, se describieron obstáculos concretos: tarifas elevadas, largas distancias sin cobertura, estaciones no accesibles, tecnología poco amigable y la exigencia de planificar con días de antelación el uso de servicios como el tránsito.
“En muchos lugares, tener acceso a un autobús confiable es la diferencia entre el aislamiento y la oportunidad”, señaló Gruzlovic.
Sus relatos evidencian cómo la escasez de opciones de transporte inclusivas y confiables no es un inconveniente menor, sino un obstáculo que condiciona aspectos fundamentales de la vida diaria: la posibilidad de mantener un empleo, acudir a citas médicas o simplemente tomar decisiones de forma independiente.
Los participantes subrayan que abordar estas barreras requiere más que ajustes técnicos: “implica un compromiso colectivo con la equidad. Y para eso, la colaboración entre comunidades, organizaciones y autoridades es fundamental”, concluyeron.
