Reta Cepeda a debate a De la Espriella por la presidencia de Colombia
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 1 de junio de 2026.- El deceso bajo custodia estatal del dirigente miskito Brooklyn Rivera provocó una enérgica reacción de los organismos multilaterales, cuyos representantes demandaron al gobierno centroamericano el esclarecimiento inmediato del caso.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, avalado por la Organización de las Naciones Unidas, condenó los hechos y urgió a la administración de Daniel Ortega a practicar una necropsia imparcial, además de reintegrar de forma inmediata el cuerpo a sus familiares. Los especialistas advirtieron que la opacidad institucional en torno a la defunción del también fundador del partido Yatama incrementa los indicios sobre la culpabilidad del Estado.
Las circunstancias que rodearon la pérdida del activista de 73 años generaron alarma debido a los antecedentes de su detención, ocurrida el 23 de septiembre de 2023 cuando ejercía funciones como diputado de la Asamblea Nacional. El jurista Reed Brody denunció que las causas del fallecimiento no responden a una condición de salud natural, sino a las secuelas de una desaparición forzada que se prolongó por más de dos años sin acceso a asistencia médica externa.
A esta postura se sumó la especialista uruguaya Ariela Peralta, quien catalogó el régimen de aislamiento padecido por Rivera como un crimen internacional que abre la puerta a procesar penalmente a las autoridades de ese país por homicidio y persecución.
De acuerdo con los registros de los observadores internacionales, las agresiones en las regiones autónomas forman parte de una conducta gubernamental recurrente que incluye la infiltración de liderazgos locales, la inacción ante invasiones armadas y el arresto arbitrario de representantes comunitarios, sumando al menos 46 asesinatos de defensores nativos desde el año 2018.




