Exigen al gobierno venezolano entregar a Diosdado Cabello a EU

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 19 de marzo de 2026.- El legislador republicano Carlos A. Giménez solicitó formalmente que el número dos del oficialismo venezolano, Diosdado Cabello, sea puesto a disposición de la justicia estadounidense. La petición surge tras los recientes movimientos en la cúpula del poder en Caracas, donde Delcy Rodríguez anunció el cese de Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, cargo que desempeñaba desde hace más de una década.

Giménez manifestó que figuras como Cabello mantienen operaciones en los estratos más altos de la administración venezolana bajo un esquema de impunidad. El congresista recordó que Washington mantiene vigente una recompensa de 25 millones de dólares por información que facilite su captura, cifra que representa uno de los montos más elevados en expedientes relacionados con el narcotráfico internacional.

La salida de Padrino López se suma a una serie de cambios drásticos que han sacudido al país sudamericano desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026. A través de un mensaje en redes sociales, Rodríguez confirmó el relevo del jefe militar, aunque evitó detallar los motivos de la decisión. Padrino López también figura en la lista de los más buscados por las autoridades norteamericanas, con un incentivo de 15 millones de dólares por su detención.

Para el representante republicano, la permanencia de individuos señalados por corrupción y tráfico de sustancias ilícitas impide cualquier posibilidad de transformación política real en la región.

"Diosdado Cabello debe ser entregado a las autoridades estadounidenses para que enfrente los graves cargos que se le imputan. El pueblo venezolano y el mundo merecen rendir cuentas", enfatizó el legislador en su pronunciamiento.

Este reordenamiento del gabinete ocurre en un contexto de alta tensión y relevos institucionales, como la renuncia del fiscal general Tarek William Saab el pasado 25 de febrero de 2026. Mientras Delcy Rodríguez continúa con la reestructuración del mando, la presión desde el Capitolio en Washington se intensifica para asegurar que los funcionarios con procesos judiciales abiertos en el extranjero no evadan las responsabilidades legales que se les imputan fuera de sus fronteras.