Aparece Diosdado Cabello; afirma que gobierno mantiene control de armas

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 11 de enero de 2026.- El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la actual estabilidad en su país responde estrictamente al control de fuego ejercido por el Estado.

Durante un recorrido nocturno por Caracas, el funcionario sostuvo que la posesión de armamento por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales ha impedido que grupos externos se atribuyan actos violentos tras los sucesos del pasado 3 de enero. En su alocución, Cabello aprovechó para cuestionar las políticas de seguridad en Estados Unidos, donde señaló que la libre tenencia de armas en los hogares deriva habitualmente en tragedias escolares.

Bajo la premisa de que los ciudadanos venezolanos pueden cerrar los ojos y descansar tranquilos, el ministro atribuyó la paz interna a una unidad de mando absoluta. Sin embargo, este discurso de seguridad colisiona con los reportes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que documentan el uso desproporcionado de fuerza letal y tácticas de represión contra la disidencia.

Investigaciones de organismos internacionales señalan que la Guardia Nacional Bolivariana y otros entes de seguridad han incurrido en detenciones arbitrarias y tratos crueles, transformando operativos de vigilancia en mecanismos de persecución política selectiva bajo una estructura jerárquica centralizada.

La situación jurídica de Venezuela se mantiene bajo el escrutinio de la Corte Penal Internacional (CPI), siendo el único país latinoamericano investigado por presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2014. El organismo judicial, con sede en La Haya, procedió con las indagatorias tras determinar que el sistema judicial local no ha sancionado a las cadenas de mando responsables de abusos sistemáticos. Aunque el gobierno defiende su modelo de seguridad, la CPI cerró recientemente su oficina técnica en Caracas ante la falta de cooperación institucional, mientras organizaciones civiles alertan sobre un entorno de amedrentamiento y asfixia a las libertades fundamentales.