Libros de ayer y hoy
La detención del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, en el marco del Operativo Enjambre, no solo es un golpe político: es la primera grieta visible en un sistema de gobernanza criminal que operó durante años a plena luz del día.
Las filtraciones de sus supuestas declaraciones ante el Ministerio Público —que deben confirmarse con fuentes oficiales— permiten reconstruir algo que en Morelos todos intuían, pero nadie había descrito desde dentro: cómo se captura un municipio, cómo se administra, cómo se normaliza y cómo se hunde.
Lo que emerge no es la historia de un alcalde corrupto aislado, sino el modelo Cuautla: una forma de gobierno paralela donde el crimen no solo extorsiona, sino que sustituye al Estado.
Corona habría dicho que cuando llegó al cargo, la policía municipal ya estaba infiltrada. Mandos operativos tenían “trato directo” con la célula criminal. La red de extorsión venía desde 2019. Es decir: no entregó el municipio; lo recibió entregado.
Esto coincide con el patrón de captura institucional que se ha documentado en otros municipios del país: el crimen no entra por la puerta, entra por la nómina.
Las filtraciones describen un sistema de recaudación criminal que funcionaba como un ayuntamiento paralelo:
Policías municipales recaudaban. Mandos negociaban cuotas. Funcionarios filtraban información. Corona habría dicho: “Yo sabía que había cobros, pero no podía detenerlos.” La extorsión dejó de ser delito: se volvió tributación.
La frase más grave atribuida al alcalde es: “Preferí no confrontarlos para evitar una masacre.” Y otra: “No tenía control real de la policía.” Esto lo coloca en la categoría de narcogobernanza por omisión: no recibir dinero, pero permitir que el crimen gobierne. En Morelos, la omisión ha sido tan destructiva como la colusión. Lo que también puede referir al propio Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, quien tiene señalamientos de su relación con jefes criminales, lo que explicaría su inacción contra la delincuencia.
Según las filtraciones de Corona Damián, el enlace principal era un exdirector de seguridad pública. La célula operaba con vínculos a remanentes de Los Rojos, Los Tlahuicas y estructuras asociadas a La Tripa, líder de este último grupo mencionado.
La policía municipal era el brazo operativo. El ayuntamiento, un espectador. El poder real estaba en otro lado.
Corona habría dicho que él y su familia recibieron amenazas. Que colonias enteras estaban bajo control criminal. Que la policía respondía a los delincuentes, no al alcalde. Milenio lo presenta como un alcalde rebasado. Proceso como un alcalde omiso. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Además, supuestamente habría dicho que avisó a dos funcionarios estatales y a un mando federal. Que nadie actuó (ahora resulta). Esto, de confirmarse, revela un vacío mayor: el Estado sabía, pero no intervino. El Operativo Enjambre llegó tarde, después de años de infiltración.
Y también, aquí opera otro elemento. Tras el cierre de Nissan CIVAC, la región entró en un declive profundo. El crimen aprovechó la crisis para expandir el cobro de piso. Comerciantes y transportistas quedaron sin protección. La pobreza no solo genera víctimas: genera dependencia criminal.
Lo que revelan las filtraciones es un patrón:
Cuautla no es una excepción: es un espejo.
El caso Corona no es el final de nada: es el principio de una verdad incómoda. El crimen no solo ha operado en Morelos, además ha gobernado, regulado, recaudado y administrado, al menos municipios.
El Estado llega tarde, llega débil o llega después de que la población ya pagó el costo.
El Operativo Enjambre puede detener personas, pero no detiene un modelo que lleva años funcionando. La pregunta no es si Cuautla cayó. La pregunta es cuántos municipios más están en la misma ruta.




