Las batallas

En Tijuana —nos comentan— crece la inquietud entre algunos sectores empresariales por las relaciones comerciales y políticas construidas alrededor de un grupo de hombres de negocios cuyos nombres han aparecido en investigaciones periodísticas, expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) y en designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Un personaje se ha convertido en epicentro de señalamientos e intrigas: Fernando Salgado Chávez, empresario de Ensenada que, bajo un persistente bajo perfil, ha construido estrechas relaciones de poder con personajes de la vida política y empresarial de Baja California y mantiene presencia en negocios millonarios desarrollados en Tijuana, Rosarito y Ensenada.

A partir de una denuncia anónima, Salgado Chávez estuvo durante ocho meses bajo la lupa de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR por señalamientos relacionados con presunto lavado de dinero, tráfico de armas, vínculos con organizaciones criminales, influencia en aduanas y huachicol.

La FGR resolvió no ejercer acción penal en su contra. La precisión es indispensable: Fernando Salgado Chávez no está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la autoridad ministerial federal determinó no proceder penalmente en su contra. Hasta ahí el expediente.

Pero sus relaciones empresariales lo han colocado nuevamente bajo la mirada de sectores de la sociedad tijuanense y han abierto interrogantes sobre el alcance de aquella investigación federal.

Alrededor del empresario existe una estructura de negocios que ha cobrado relevancia a partir de acontecimientos recientes, particularmente en torno a la Feria Nacional Tijuana, que presenta artistas en eventos masivos que suelen registrar una importante asistencia y alteran durante varios días la cotidianidad de esta ciudad fronteriza.

Salgado Chávez ha sido relacionado empresarialmente con Rodrigo Ampudia Gudiño y José Rogerio Ampudia en la organización de ferias, conciertos y espectáculos en Baja California.

El pasado 20 de junio, el Cabildo tijuanense, encabezado por el alcalde Ismael Burgueño, aprobó una concesión por 20 años a Eventfest Co. para organizar anualmente la Feria Nacional Tijuana. La concesión es pública. Cuatro días después se conoció la determinación de la FGR de no ejercer acción penal contra Salgado Chávez.

Sí, Eventfest Co. está vinculada a Rodrigo Ampudia Gudiño y José Rogerio Ampudia; mientras que FJP & M, S.A. de C.V., está registrada a nombre de Fernando Salgado Díaz y Julia Graciela Chávez García —padres de Salgado Chávez—. Ambas sociedades integran la empresa denominada La Familia Presenta.

La Familia Presenta anunció en 2025 como productor de la feria a Facundo Gámez Fernández. Según el Semanario ZETA, Gámez aparece relacionado societariamente con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices en Wermak Publired.

Apenas el 29 de septiembre de 2026, Wermak Publired fue incluida por la OFAC entre las empresas sancionadas dentro de una operación contra una red que el Departamento del Tesoro estadounidense vincula con actividades financieras en beneficio de la facción de Los Mayitos, del Cártel de Sinaloa.

La secuencia coloca sobre la mesa un punto relevante: el alcance que tuvo la investigación mexicana sobre el entramado empresarial alrededor de Salgado Chávez.

La relación familiar o societaria, por supuesto, no acredita por sí misma irregularidad alguna. Pero resulta relevante para dimensionar la estructura empresarial alrededor de una investigación cuyo alcance completo no se conoce públicamente.
La información disponible sobre la resolución de la FGR no permite establecer hasta dónde se extendió la revisión de sociedades, accionistas y relaciones empresariales alrededor del investigado. Tampoco permite conocer qué determinaciones específicas tomó la autoridad respecto de los señalamientos contenidos en la denuncia sobre armas, aduanas y combustible.

Y ahí comienza una segunda historia.

En LAS BATALLAS documentamos anteriormente parte de la radiografía construida por autoridades estadounidenses sobre la operación del Cártel de Sinaloa en Baja California.

El 18 de septiembre de 2025, la OFAC designó a Jesús González Lomelí, empresario restaurantero de Rosarito, a quien el Departamento del Tesoro atribuye operaciones financieras y actividades de extorsión en beneficio de los hermanos Arzate, vinculados por Washington con el Cártel de Sinaloa.

Existe otra relación societaria documentada. Según información del Registro Público citada por medios de Tijuana, los padres de Fernando Salgado aparecen como socios de González Lomelí en Alimentos CISGO.

La sociedad Alimentos CISGO no está sancionada por Estados Unidos y una relación societaria no implica responsabilidad por las conductas atribuidas a otro de sus integrantes.
Pero la cronología importa.

Cuando la FGR resolvió no ejercer acción penal contra Salgado, en junio de 2026, González Lomelí llevaba nueve meses incluido en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro.
La información pública disponible tampoco permite establecer si esa relación societaria fue conocida, verificada o considerada dentro de la investigación federal.

Nada de esto convierte a Fernando Salgado Chávez en responsable de las conductas atribuidas por Washington a otras personas. Tampoco modifica, por sí mismo, la resolución mediante la cual la FGR determinó no ejercer acción penal en su contra. Pero sí modifica el paisaje alrededor de su vida pública y las personas con las que hace negocio y que, en algunos casos, como la Feria Nacional Tijuana, aprobada por autoridades políticas.

En apenas unos meses, nombres, sociedades y relaciones empresariales que orbitan, en distintos grados, alrededor de actividades económicas y políticas de Baja California comenzaron a aparecer en investigaciones periodísticas y designaciones estadounidenses.

Y mientras Washington continúa haciendo público su mapa financiero sobre organizaciones criminales que operan en esa frontera, en México conocemos apenas fragmentos del mapa construido por nuestras propias autoridades.

La Familia Presenta seguirá organizando ferias, conciertos y espectáculos. Fernando Salgado conserva una resolución favorable de la FGR y no figura entre los sancionados por Estados Unidos. También eso debe decirse.

Pero las nuevas designaciones del Departamento del Tesoro colocaron bajo otra luz nombres, empresas y relaciones que ya habían aparecido alrededor de investigaciones abiertas en México. La función continúa. Esta vez, buena parte del siguiente acto se está escribiendo en Washington.

RADAR

PREGUNTAS. Este entramado, que ha generado inquietud entre sectores empresariales de Tijuana, deja asuntos pendientes de aclaración: el alcance de la revisión de la FGR sobre las sociedades relacionadas con familiares de Salgado Chávez; si la autoridad conoció la relación societaria con una persona posteriormente designada por la OFAC; y si la estructura alrededor de Eventfest y La Familia Presenta formó parte de las diligencias realizadas antes de determinar el no ejercicio de la acción penal.
Es un caso que no debemos dejar fuera del radar.